La polémica del cierre de páginas web fue una de las cuestiones a las que tuvo que responder el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. A su juicio, la nueva Ley de Economía Sostenible recoge que "no es posible cerrar una web sin autorización judicial previa". En este sentido, el ministro de Justicia aseguró que se ha tratado de establecer un equilibro entre los intereses de los creadores y los derechos de los usuarios. "Creemos que lo que se publica en una web puede ser un elemento muy valioso para los ciudadanos, pero tenemos que salvaguardar que la propiedad intelectual se utilice sin la garantía y el consentimiento del autor". El ministro precisó que "ninguna autoridad española puede bloquear una web, pero sí se puede impedir el acceso de los ciudadanos en nuestro país si ésta afecta a la propiedad intelectual, a la protección de la infancia o se incluyan contenidos nocivos para la salud". Además, Caamaño dijo ayer que será el juez quien condene y tome la decisión sobre las páginas web que realizan descargas ilegales con ánimo de lucro.

Otro de los asuntos tratados por el ministro de Justicia fue la problemática de las viviendas ilegales. Caamaño argumentó que "donde hay sentencias judiciales lo que hay que hacer es ejecutarlas y cumplirlas y cuando no sea posible por el grave detrimento a la hacienda pública se tienen que buscar medidas que permitan conciliar los hechos ilícitos con el interés general".

El ministro de Justicia agregó que "a veces procederá el derribo, pero en otras ocasiones será posible corregir algunos aspectos de los planeamientos urbanísticos atendiendo al interés general".