Los monitores administrativos de los centros docentes andaluces se sienten engañados por el con sejero de Educación, Luciano Alonso. Más de 300 personas pertenecientes a este colectivo -afectados por la decisión de la consejería de despedir a los 840 monitores de apoyo administrativo que prestaban servicio a través de empresas privadas en los colegios andaluces- se concentraron ayer ante la sede de Educación en Sevilla, en el edificio Torretriana. Su objetivo es pedir explicaciones al departamento que dirige Alonso por una decisión -la puesta en marcha del procedimiento para dotar de este personal colegios mediante una oferta de empleo público- "basada en mentiras".

"Hemos intentado hablar con Educación y no ha habido forma", lamentó Esther Porquicho, una de las portavoces del grupo, que declaró a Europa Press que "seguiremos en la calle para denunciar las irregularidades que se han llevado a cabo durante tantos años, pidiendo explicaciones sobre esta decisión basada en mentiras", porque la Administración "nunca se ha sentado con los sindicatos en una comisión a negociar sobre el colectivo", y "ha tomado esta decisión de forma unilateral cuando le ha parecido el momento, y en las mismas condiciones que hace más de dos meses".

Porquicho añadió que todo esto "deja claro" que les "han estado mareando y engañando" y que, en ningún momento "estaban buscando encaje legal ni ninguna forma de solucionar el conflicto". Para los monitores, lo único que estaban haciendo "es ahorrarse meses de salarios y esperando el momento para contratar al personal en la época fuerte de trabajo, que es marzo", fecha de matriculación de los niños en los colegios, y en la que Alonso "garantiza" que habrá monitores en los centros.

CCOO y UGT, que participaron en la concentración, critican "la falta de sensibilidad del Gobierno andaluz". Las centrales denuncian que después de más de tres meses de protestas "no ha habido convocatoria de negociación para hallar una solución a los despidos, los cuales se han producido una vez que la Consejería decidió prestar directamente el servicio sin tener en cuenta las personas que lo venían desempeñando, en muchos casos desde el 2006.