Debate de expertos en torno a la muerte digna. En Europa, en España y en Andalucía. Un foro multidisciplinar celebrado esta semana en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada ha analizado propuestas y reflexiones para transformar lo que todavía sigue siendo una realidad vergonzante en muchos ámbitos de la asistencia sanitaria en un asunto del que se pueda hablar con naturalidad: la gente se muere y la gente tiene cosas que decir sobre cómo enfrentar ese proceso inevitable. Un proceso que se puede entender como final, como tránsito, como renacimiento o como transformación. Pero inevitable. Como dijo uno de los expertos del foro, Luis Montes -el anestesista empujado a las portadas de los periódicos y a las salas de los juzgados por el caso, archivado, de las sedaciones de Leganés-, "en España se muere mal; y se muere mejor o peor dependiendo de quién te toque en ese momento". Montes aprovechó su presencia en el foro para pedir un informe "exhaustivo" sobre la situación asistencial en este ámbito en España en general y en la comunidad andaluza en particular.

Para Montes, el escenario actual español, en términos prácticos, recoge cuatro situaciones: "Hoy día, en España, es posible que se estén dando actos eutanásicos clandestinos. Además, es difícil que, con la cultura clínica actual, los profesionales se planteen la limitación del esfuerzo terapéutico; lo que se da fundamentalmente es el encarnizamiento terapéutico. En tercer lugar, desde luego, es posible que haya en España quien esté ayudando a morir. Y, finalmente, se da el abandono total del paciente: las autoridades tienen que conocer esto, y llevar a los tribunales por lo civil o por lo penal el abandono del paciente al final de la vida".

Al fondo, el proyecto de Ley de Muerte Digna que actualmente se tramita en el Parlamento de Andalucía. Una iniciativa legislativa sobre la que sus redactores reconocen que no se sale, ni lo pretende, de la legislación estatal básica (esto es, no aborda el suicidio asistido ni la eutanasia). Pero que ajusta al milímetro las definiciones terminológicas y, sobre todo, arroja luz de manera explícita sobre los procedimientos a aplicar y el cuidado de los enfermos: en palabras de la consejera de Salud, María Jesús Montero, que también participó en el foro de Granada, "esta ley eleva a la consideración de buenas prácticas clínicas lo que ya están haciendo los profesionales. A partir de ahora, los que tienen que explicarse son quienes no aplican esas buenas prácticas".

Montero apuntó que espera sumar un razonable consenso parlamentario en la tramitación de la ley, tras derivar algún aspecto espinoso del texto al desarrollo reglamentario, y le envió un mensaje al PP sobre el escollo de la objeción de conciencia: "Por un lado, no se objetan las buenas prácticas. Por otro, éste no es el marco adecuado: hace falta una regulación de ámbito estatal sobre la objeción de conciencia, porque hay que orientar a los tribunales".