El consejero de Empleo, Antonio Fernández, representantes de la patronal y de los sindicatos UGT y CCOO firmaron ayer un acuerdo para implantar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2012.

Cada trabajador del sector de la construcción en Andalucía deberá poseer este documento y, para hacerse con él, será estrictamente necesario recibir un cursillo de formación sobre siniestralidad de al menos diez horas. Así, explicó Fernández, "no se va a poder contratar a nadie que no tenga esta tarjeta; quien no tenga prevención, no va a poder ser albañil". La ausencia de este carné cuando se requiera su presentación ante un inspector será sancionada.

El consejero de Empleo explicó que esta iniciativa ayudará a reducir la siniestralidad en el sector de la construcción, que emplea en Andalucía a medio millón de trabajadores y se caracteriza por su elevada tasa de siniestralidad, pues acumula un tercio de los accidentes de la comunidad.

La TPC es una iniciativa pionera en España surgida del VI Acuerdo de Concertación Social andaluz. Este documento será tramitado por la Fundación Laboral de la Construcción y en 2008 se prevé la expedición de unas 40.000 tarjetas. Estos carnés serán entregados especialmente a los jóvenes demandantes de empleo, a quienes la Junta de Andalucía dará unos 400.000 puestos de trabajo.

Dicho pacto contempla que la Junta se encargará de financiar la tarjeta, con cerca de cinco millones de euros hasta 2011, y que será la Fundación Laboral de la Construcción la que desarrolle y valide el proyecto, del que se beneficiarán 500.000 trabajadores.

Los representantes de los agentes sociales destacaron que la credencial, además de certificar la formación recibida por los trabajadores, incluirá algunos datos del empleado como su categoría profesional y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad. Además, ayudará a reducir la siniestralidad.

De otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer a la Consejería de Empleo a gastar 38,44 millones de euros en la financiación de 3.740 cursos de Formación Profesional Continua para trabajadores en activo iniciados este año por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO.