El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio ayer luz verde a la norma que dará cobertura jurídica y asistencial a los pacientes en estado terminal sobre las decisiones en el proceso de la muerte, así como de los profesionales que los atienden tanto en centros públicos como privados. En las próximas semanas llegará al Parlamento para su debate y aprobación definitiva a finales de año.

Entre los derechos reconocidos, los pacientes podrán optar por interrumpir los tratamientos que los mantienen con vida. Por ejemplo, los enfermos podrán ser desconectados de un respirador. También se regula el derecho a recibir tratamiento sin dolor, incluyendo la sedación paliativa y aunque ello pueda acortar su vida, y cuidados paliativos integrales en su domicilio, lugar prioritario de la atención, siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee.

El texto, cuya tramitación comenzó en septiembre de 2008, se ha "enriquecido" y "consensuado" con sugerencias y propuestas de colectivos afectados y la comunidad científica, según aseguró en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera de Salud, María Jesús Montero: La norma hace efectivo el mandato recogido en el Estatuto andaluz en su artículo 20: "Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte".

Montero afirmó que bajo ese objetivo estatutario el texto da "un salto cualitativo en el proceso de la atención al paciente, acompañándolo de la dignidad que deben tener las personas en ese momento", ya que la voluntad de los pacientes prevalecerá por encima de cualquier otra consideración y el sistema sanitario garantizará que así sea. En los casos en los que el paciente no tenga testamento vital y no pueda expresar con claridad su voluntad o exista alguna posibilidad de interpretación, decidirá un comité de ética.

La norma, "única en España y a la vanguardia de Europa", incluye en su texto las palabras "muerte digna".

El Gobierno andaluz insiste en llamar a las cosas por su nombre. "Hay que recordar que la intención es regular los cuidados paliativos, no se trata ni de eutanasia (acto para provocar la muerte), ni de suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro)", dos supuestos que quedan fuera de la legislación y que están tipificados como delitos.

Son otras actuaciones clínicas sobre las que se regula, un "abanico de posibilidades" en el que se incluye la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo del tratamiento, la sedación paliativa y la desconexión en caso de fallecimiento. Sólo en una ocasión en el texto se menciona la palabra eutanasia, en un extenso preámbulo en el que se ha atendido la petición del comité de ética, comentó la consejera, para que se diferenciasen profusamente los conceptos.

La labor de los profesionales sanitarios es otra de las preocupaciones de la Junta. El texto pretende dotarles de un marco que les evite ser tachados de estar llevando a cabo una mala praxis, como sucedió con la sedación paliativa en el caso del Hospital de Leganés.

En ese sentido, el Consejo Consultivo, que avaló la norma, instó a la Consejería a una mejor redacción. En aras de una buena práctica clínica, se prohíbe y perseguirá la obstinación terapéutica, es decir, someter al paciente a procedimientos y a técnicas que puedan suponerle una agonía prolongada en aquellos casos en los que no es posible mejorar su situación. En este punto se contempla un capítulo de sanciones, que se fijan por el estatuto marco de los trabajadores sanitarios.

Uno de los asuntos que quedó en estudio, si se permitirá la objeción de conciencia a los facultativos de los centros públicos, queda fuera de la ley tras ser discutido con los profesionales, apuntó Montero. "Esta ley no es el marco", señaló.

Los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

¿Y qué sucede en casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y el paciente, o en su caso, entre quienes ejerciten sus derechos? El artículo 27.2 establece que, si no hay acuerdo, "se solicitará asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas controvertidas". Con esta solución, se intenta paliar futuras discrepancias entre los profesionales y familiares del afectado.

Al proyecto de ley le resta el debate parlamentario, en el que el Gobierno andaluz perseguirá el "máximo consenso posible". La consejera aventuró el respaldo de IU, según han tenido oportunidad de comentar, y el el caso del PP previó un "debate interno" Montero deseó que "prevalezca la opinión más moderna y progresista del PP" frente aquella que calificó como "su ala más dura" .

Anteriormente a la celebración del Consejo de Gobierno, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, recordó ayer que la ley aprobada por el Gobierno andaluz para regular la "muerte digna" es un "mandato" del Estatuto de Autonomía, consensuado por PSOE, PE e IU y dijo que los populares apoyan este derecho, a la espera de conocer el texto.

Entre otras reacciones, la Asociación Derecho a Morir Dignamente aseguró ayer que el proyecto de ley es un "paso positivo" que garantizará la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familiares al tiempo que evitará casos como el de la italiana Eluana Englaro en esta comunidad. La Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA) expresó su satisfacción por la aprobación de la ley y pidióque esté "acompañada de las correspondientes inversiones presupuestarias".