El último trimestre de 2008 ha elevado a cifras inéditas las solicitudes para recibir el ingreso mínimo de solidaridad, el denominado salario social. Se han incrementado en más de 5.000 las peticiones de andaluces en este periodo con respecto a la media de los últimos años. En total al final de año, 27.606 expedientes abiertos y casi 7.000 de ellos desde mediados de octubre, todo un récord desde que en 1989 se aprobase el decreto que regula estas ayudas en Andalucía.

Sin embargo, es tan sólo la "punta de un iceberg" que asomará con mayor contundencia sobre verano, avisan las organizaciones sociales, cuando se vayan agotando las prestaciones por desempleo. Esta intuición la comparte la Junta de Andalucía, organismo que se hace cargo del peso económico de una ayuda que se tramita a través de los ayuntamientos. Para 2009, la prestación está fijada en 386,88 euros al mes -el 62% del Salario Mínimo Interprofesional- con un aumento del 8%, 49 euros, por cada descendiente en el núcleo familiar. La ayuda es para seis meses.

La inminente avalancha de demandantes no intimida a la Junta, que estudiará en junio si hay necesidad de incrementar el presupuesto autonómico para hacer frente a la demanda, anunció a este periódico Ana Gómez, directora general de Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Gómez respondió a las críticas lanzadas por el PP que el recorte en las partidas para este programa no afecta a las ayudas, 58.000 euros que se han reducido en 2008 para gastos de gestión y ayuda técnica de la propia administración. Los retrasos en las ayudas solicitadas desde octubre los enmarcó Gómez dentro de la propia tramitación de las ayudas, con un tiempo medio para la cumplimentación de la petición de tres meses. "Las solicitudes del último trimestre siempre son gestionadas en 2009", argumentó la directora general en respuesta a la denuncia del PP-A de impago del salario social. De las peticiones, en torno a un 80% son otorgadas.

La Junta anota un incremento de las peticiones, pero aún no tiene contrastado qué volumen de esta nueva población responde a un perfil distinto al de los tradicionales beneficiarios, personas que viven en la exclusión social. ¿Van a los comedores de las organizaciones señores con corbata? Gómez consideró que no será un porcentaje significativo y estimó que un 90% responde al perfil tradicional.

A pie de calle, Cáritas sí ha detectado un cambio de los nuevos necesitados. Son antiguos inmigrantes que llegaron hace una década y han sido los primeros en perder los empleos y parejas jóvenes con hipotecas, explicó Anselmo Ruiz, responsable de la confederación católica en Andalucía. A final de año, un 47% más de solicitantes.

"No habíamos vivido nunca una situación así", describe Ruiz, que percibe como características propias de este fenómeno la deuda hipotecaria que las familias han contraído durante el "consentido" boom inmobiliario y la precariedad del mercado laboral para los jóvenes. La situación se agrava para los inmigrantes "que ni siquiera pueden plantearse el plan de retorno porque tienen que esperar tres meses antes de recibir la ayuda para marcharse".

Ruiz ha detectado a la vez un aumento de la solidaridad en las cuotas, pero no dan a basto, aún cuando las parroquias disponen de unos dos millones de euros al año y los servicios centrales unos 18.000 euros al mes.

Cáritas ayuda a pagar dos o tres meses de alquiler a familias necesitadas, media con los bancos o acoge en sus centros a los más necesitados, pero el presupuesto se agota con rapidez. "En esto se deben poner de acuerdo los partidos -reclamó Ruiz-, hay muchas familias hoy sin ninguna ayuda".