Para IU y CGT, el 8 de julio, la fecha del fuego más amargo que recuerda la Costa en muchos años, no ha sido casualidad. El sindicato denunció ayer la política forestal de Andalucía y sostiene que "los incendios se tienen que prevenir antes de que se produzcan", pues "es más rentable y ecológico" y "cuesta menos prevenir que apagar", en referencia a los millonarios gastos que está ocasionando la extinción del incendio de Lújar.

"Justo un día después de la presentación del libro de varios autores de la zona de Motril pidiendo la declaración de la sierra de Lújar como parque natural, se produjo el incendio de Lújar", dice CGT en un comunicado. Asimismo, el sindicato aseguró que el mismo día también, "qué coincidencia, el PP aprobó la ley que permite recalificar terrenos dónde se han producido incendios, entre otras medidas, que atenúan las penas de los crímenes contra la naturaleza".

Estas coincidencias hacen sospechar a CGT que "el incendio fue provocado con espúreos intereses económicos privados. Las investigaciones lo dirán en su momento, esperamos. Y también esperamos que la justicia actúe con contundencia contra los culpables que pudiera haber".

En esta organización llevan denunciando bastante tiempo la política seguida tanto por el gobierno de la Junta de Andalucía como por el gobierno central en materia de prevención de incendios y conservación de medios naturales. "En múltiples ocasiones hemos denunciado los pocos efectivos humanos dedicados a la tarea forestal de mantenimiento y vigilancia del monte, así como a la extinción de incendios". Según CGT, los trabajadores que extinguen el incendio tienen que hacer frente a "jornadas interminables de trabajo durísimo con un sueldo que deja bastante que desear, con una peligrosidad altísima, sin vigilancia suficiente la mayor parte del año, y sin una política de limpieza de monte que minimice o impida los incendios. Ésa es la política seguida hasta ahora". También IU llama la atención del Gobierno del PP, que permite que se recalifiquen determinadas zonas quemadas. Según Inma Omiste, responsable del área de Medio Ambiente de IU en Motril, "la reforma de la Ley supone un ataque frontal al medio ambiente, ya que impide, por ejemplo, que los agentes forestales puedan desarrollar su trabajo de vigilancia del medio ambiente".