La Consejería de Empleo empezó a repartir ayer entre aseguradoras e intermediarios el formulario que deberán rellenar todos los prejubilados andaluces para descartar la presencia de intrusos entre los beneficiarios de las ayudas públicas previas a la jubilación. La Junta creará una base de datos con la información que recabe de los prejubilados, que junto a los otros dos mil ex trabajadores andaluces que acumulan atrasos en los cobros serán los primeros en tener que demostrar su inocencia.

El formulario se presenta bajo el encabezamiento "Solicitud de ayuda de carácter excepcional para la renta previa a la jubilación ordinaria" y en él se solicita a los prejubilados datos personales -nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico-, persona que los representa en las asociaciones de antiguos trabajadores a través de las que se tramitan las ayudas a los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y documentación adicional sobre la póliza de renta, compañía aseguradora, cuenta bancaria...

A falta de pronunciamiento oficial de la Junta sobre el formulario y los atrasos -de la Consejería de Empleo remiten a la oficina del portavoz del Gobierno andaluz, que ni confirma ni desmiente la información que ha trascendido sobre los cambios en la gestión de las ayudas públicas vinculadas a los ERE y el calendario de pago de los atrasos y resto de las primas-, los prejubilados anunciaron ayer su negativa en rotundo a rellenar o firmar el formulario, que ven como una trampa.

"Es ridículo que la Junta pida a los prejubilados datos a los que tiene fácil acceso la Administración", indicó el portavoz del colectivo de prejubilados en Jerez, por lo que "nos tememos que nos hagan firmar de buena fe algo de lo que luego nos podamos arrepentir, porque cambien las condiciones de las pólizas o por cualquier otra circunstancia".

En este sentido, Izquierda Unida lamentó ayer la pretensión de la Junta de supeditar el pago de las primas a los afectados por los ERE a que se cumplimente un formulario, medida con la que entiende que se está obviando la "presunción de inocencia" de todos los prejubilados, "obligándolos a demostrar que no son intrusos". A juicio del parlamentario de IU, Ignacio García, quien pedirá al Gobierno andaluz que dé marcha atrás en su pretensión, "esto suena a maniobra de dilación para justificar más atrasos en los pagos, lo que coloca a estos trabajadores en una situación de indefensión y de humillación pública", al tiempo que cuestiona la "credibilidad que pueda tener el informe que supuestamente ha elaborado la Junta sobre los intrusos en los ERE", ya que "no se fía de su propia información".

Ayer mismo, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Esperanza Oña, advirtió de la existencia de un "ERE unipersonal y a la carta" concedido a la empresa Fábrica San Carlos SA y firmado en 2002 por Antonio Fernández, en calidad de viceconsejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y por Francisco Javier Guerrero, en calidad de director general de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al llamado "fondo de reptiles". El beneficiario de ese ERE, según el PP, es Francisco Sánchez Reyes, quien, desde 2007 hasta la actualidad, ocupa el cargo de concejal socialista en el Ayuntamiento de San Fernando.

Sánchez Reyes replicó a la dirigente del PP: "No tengo nada que ocultar. Todo el mundo sabe que pertenecía a la fábrica y que, como otros compañeros, participé en un ERE al cerrarse". El concejal socialista estuvo trabajando en la desaparecida factoría durante 33 años y fue miembro del comité de empresa por un período de 25, llegándolo a presidir en la etapa más crítica. "No hay ningún ERE fraudulento", insistió.