Evitar los problemas de erosión de los terrenos afectados por el incendio de Moguer, que todavía no está formalmente extinguido. Esa será una de las prioridades del grupo de trabajo que abordará la restauración de las casi 8.500 hectáreas de arbolado y matorral afectados por las llamas. El equipo científico-técnico se constituyó ayer en presencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal.

Especial atención se prestará a la zona de Cuesta Maneli, una de las áreas que presenta más problemas de degradación a causa del viento y la lluvia, y muy afectada por el fuego. El paraje está formado por grandes formaciones de dunas móviles que podrían desaparecer tras su dispersión a causa de los fenómenos climatológicos tras quedar desprotegidos contra la erosión.

Fiscal insiste en dar más tiempo a los técnicos que investigan el origen de las llamas

La comisión, que tendrá capacidad ejecutiva, la forman expertos en materia de biodiversidad y recuperación de zonas afectadas por incendios y está presidida por Miguel Ángel Maneiro, del Espacio Natural de Doñana. También forman parte del equipo técnicos de los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera, Almonte y Lucena del Puerto, la Diputación de Huelva y la Junta. Asímismo, habrá investigadores de las universidades de Huelva y Sevilla y Granada.

Fiscal explicó que serán los técnicos quienes determinen cómo se va a llevar a cabo la recuperación del espacio arrasado por las llamas. Habrá cuestiones que se deberán ejecutar pronto y otras más a medio y largo plazo; de ahí, a su juicio, la importancia del encuentro de ayer. El consejero destacó que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un protocolo de actuación, que la Junta "comparte", para la recuperación de zonas incendiadas que marca unas pautas que "seguiremos", y se tendrán en cuentas las particularidades de la zona, como la zona de las dunas.

El consejero informó que la brigada que se encarga de investigar las causas del incendio, con la ayuda del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, "está ultimando todavía" el informe sobre la investigación, por lo que solicitó de nuevo cautela y paciencia para que puedan desarrollar su trabajo con el máximo rigor. Fiscal hizo hincapié en la importancia de abordar con cautela esta cuestión al objeto de que se pueda desarrollar "pausadamente y bien" debido a la gravedad e importancia del siniestro. Sobre la hipótesis de que una posible negligencia en una carbonería pudiera haber sido el origen del incendio, el consejero insistió en la necesidad de dejar trabajar a los agentes de medio ambiente de la brigada de investigación de incendios forestales de Huelva.

En el mismo sentido se pronunció el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que abogó por "dejar trabajar" a los expertos en la investigación al tiempo que dejó claro que "no es conveniente especular ni participar en alimentar polémicas sobre la actuación humana, sobre el origen del fuego o el foco". En cuanto a la investigación en sí, aseguró que "no hay ninguna novedad" e insistió en la conveniencia de que sean los expertos los que saquen las conclusiones.

El Gobierno central colaborará en la reparación de los daños provocados por el incendio del entorno de Doñana cuanto antes. Así lo anunció ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la reapertura del Parador Nacional de Mazagón, a la que asistió ayer junto al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. "Huelva va recuperando poco a poco la normalidad, las diferentes administraciones están analizando ya los daños del incendio, y el Gobierno, como siempre, va a sumar para volver a reparar la situación y los daños como antes; por tanto, sigamos sumando", destacó la ministra. Por su parte, los diputados socialistas por Huelva, José Juan Díaz Trillo y Pepa González Bayo, presentarán en el Congreso una Proposición No de Ley para que el Gobierno central evalúe y cuantifique los daños ocasionados por el incendio con el objetivo de que se apruebe un decreto ley que arbitre ayudas para paliar dichas pérdidas.