La juez que investiga la operación Astapa contra una presunta trama de corrupción política y urbanística en Estepona decretó ayer a última hora de la tarde el ingreso en prisión provisional sin fianza del alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, de su jefe de gabinete, José Flores, y del edil del Partido Estepona (PES) y ex responsable del área de Economía y Hacienda, Manuel Reina. Los tres autos se dictaron después de un intenso día de declaraciones en el que el supuesto núcleo duro de la trama desfiló ante la instructora, y se suman a los dos firmados el jueves por la tarde contra José Ignacio Crespo, ex líder del GIL, y el ingeniero municipal Javier Wittmeur. Es decir, el caso se liquida de momento con cinco órdenes de cárcel.

Según fuentes judiciales, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona imputa a Barrientos y a Flores los presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los cargos contra Reina son los mismos, además de una acusación de fraude.

Los tres cargos públicos terminaron la ronda de comparecencias por este caso ante la juez, ante la que han pasado los 26 detenidos el pasado martes. No obstante, fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más fases vinculadas a la operación que ha descabezado el equipo de gobierno de Estepona.

La declaración de Barrientos despertó ayer una gran expectación y los aledaños de los juzgados se fueron llenando de detractores y simpatizantes del regidor, incluidos varios miembros de su familia. Antes que él, pasaron a disposición judicial el abogado Juan Simón, destacado militante del PSOE -era miembro de la ejecutiva local antes de su reciente disolución-, que quedó en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros y está acusado de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales; y el edil de Hacienda y ex senador socialista, Francisco Zamorano, un histórico del PSOE en Málaga que ahora está en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros. La juez le imputa los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Barrientos llegó al juzgado escoltado, esposado y físicamente muy desmejorado. Los registros en su casa y en el Ayuntamiento, que se prolongaron durante unas 20 horas, y las dos noches en los calabozos de la Comisaría Provincial parecen haberle pasado factura. Tras su declaración, ya con la orden de prisión bajo el brazo, seguía teniendo el mismo mal aspecto aunque iba sonriente y se atrevió a lanzar un beso a sus amistades antes de ser introducido en el coche policial que lo condujo a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.

En el centro penitenciario malagueño están desde el jueves el edil del PES José Ignacio Crespo, que se encuentra bastante "entero", según fuentes próximas al ex primer teniente de alcalde de Estepona, y Wittmeur, que lleva peor su ingreso en prisión.

En la puerta de los juzgados estuvieron también ayer las tres concejalas socialistas del equipo de gobierno de Barrientos que habían prestado declaración ante la instructora unas horas antes, la tarde del jueves. Su auto se firmó ya de madrugada. Marisa Rodríguez, concejal de Playas, quedó en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros e imputada por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho; Mariví López, edil de Educación, está acusada de cohecho y tráfico de influencias y debe abonar una fianza de 30.000 euros, la misma que la juez impuso a la concejal de Cultura y Fiestas, Asunción López, a quien le imputa los mismos cargos. Las tres gritaron su inocencia antes de abandonar el juzgado.

Pedro López, ex coordinador de Urbanismo de Estepona de la época del PES, quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros e imputado por presunto cohecho y malversación.

Las últimas decisiones que tomó la instructora el jueves fue la de imponer una fianza de 30.000 euros al arquitecto municipal Arturo Cebrián, acusado de cohecho y tráfico de influencias, y de 15.000 euros al abogado y empresario Manuel Barroso, al que imputa un presunto delito de blanqueo.

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