La juez que instruye la querella contra la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE), presentada por el ex alcalde Pedro Pacheco por 32 posibles contrataciones fraudulentas, notificó ayer a las partes un auto con el que cierra la fase de instrucción y da traslado al Ministerio Fiscal para que solicite en el plazo de diez días la apertura de juicio oral contra la ex regidora por delitos de prevaricación y falsedad documental. Estos cargos se refieren a la colocación con contratos de alta dirección a los también socialistas Rosario Cano, Francisco Gil, África Becerra, Rubén Pérez y Dolores Caravaca.

La resolución de la juez cuestiona abiertamente las contrataciones efectuadas por Sánchez entre 2005 y 2007, durante la etapa en la que fue alcaldesa en virtud de un pacto con el PSA. En cambio, deja fuera del proceso las designaciones realizadas a partir de 2007, cuando el PSOE obtuvo la mayoría absoluta, porque entonces la ex alcaldesa nombró a sus asesores con la figura del personal eventual de confianza, recogida en la Ley de Bases de Régimen Local.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de los socialistas Diego Bello, Dolores Barroso y Juan Salguero, así como de Luis Miguel Rubiales, Sebastián Rubiales, Juan Carlos Jiménez -ex jefe de gabinete y marido de Sánchez- y Carmen Gutiérrez.

La juez es clara en la exposición de los antecedentes de hecho: "De la investigación llevada a cabo en esta causa, existen indicios de que Pilar Sánchez Muñoz, presuntamente, aprovechándose de las facultades del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y en calidad de tal, ordena la contratación de determinadas personas afines política o personalmente a la misma, en atención a tal afinidad y sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones". Un hecho que sucede, expone la juez, "bien por carencia de la capacitación necesaria en los nombrados para realizar las funciones que derivan del contrato de alta dirección concertado, bien mediante posibles irregularidades en el procedimiento de selección seguido". Este método de colocación se llevó a cabo, además, en detrimento de otros candidatos y que cumplían con creces los requisitos necesarios para las plazas ofertadas en el Consistorio.

Del mismo modo, reza el escrito, las personas relacionadas con estos cinco casos de enchufismo han ejercido funciones en el Ayuntamiento "sin solución de continuidad durante las dos legislaturas a que se extiende su mandato [de Sánchez]".

Cano pasó desde 2007 a ser asesora del Grupo Municipal Socialista; Gil pasó, entre otras cosas, a dirigir el Plan Urban del distrito Sur; mientras que Becerra fue delegada municipal de Medio Ambiente entre 2007 y el presente 2011. El caso particular de Pérez y Caravaca aún es más llamativo, ya que ambos, pese a la salida del PSOE del gobierno local en las municipales del pasado mes de mayo, siguen trabajando actualmente en el Ayuntamiento, e incluso el primero es delegado sindical de UGT en el Consistorio jerezano.