PSOE e Izquierda Unida, socios de Gobierno en la Junta de Andalucía, han dado pruebas en los últimos días de la falta de coordinación para desarrollar una agenda común en política social, aún cuando declaran que ésta es una prioridad. Hace seis meses la Junta aprobó un plan de exclusión social (tres comidas diarias para los niños andaluces, contratos mileuristas a parados en los ayuntamientos, bancos de alimentos...) a iniciativa de IU, pero el PSOE también supo rentabilizarlo, sin duda, en mayor medida que el decreto antidesahucios con el que la coalición rompió su primer año de falta de iniciativa.

La difusión de esas medidas ha alentado a IU a presentar nuevas acciones de urgencia social que, sin embargo, no han contado esta vez con la misma acogida por parte del PSOE, aun cuando parten de los propios miembros del Gobierno. Ha ocurrido con el anuncio del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de suministrar luz y agua a 50.000 familias en riesgo de exclusión social, y en similar línea, con la idea de la consejera de Vivienda, Elena Cortés, de proponer trabajos comunitarios para las familias que no puedan pagar el alquiler. El entusiasmo con el que IU ha presentado estas medidas choca con la frialdad de los representantes del PSOE en el Gobierno.

Si desde IU se quejan del rechazo porque las medidas obedecen a su iniciativa, desde el PSOE aseguran que no se pueden generar expectativas a los ciudadanos que pueden no ser satisfechas. Mientras tanto, ambos olvidan la decena de compromisos en materia social del acuerdo de Gobierno que pactaron en abril de 2012 y en que se recogen revisiones y aprobaciones de leyes de Igualdad, Violencia de Género, Defensor del Pueblo andaluz, Sostenibilidad Sanitaria, Juventud, Discapacidad, Participación Ciudadana, Menores, Voluntariado o de Servicios Sociales, entre otras.

Ese desdén hacia el texto original fue patente en la reclamación del colectivo de transexuales. Sólo cuando se quejaron por la falta de voluntad del Gobierno para atender la aprobación de una ley de Transexualidad que recoge el acuerdo se sucedieron las reuniones y las promesas de que pronto será aprobada.

El último ejemplo se está dando con la implantación o no de una renta básica, un ingreso universal para personas sin otros recursos económicos. Si históricamente IU ha sido su avalista, una vez en el Gobierno la ha relegado y propone medidas urgentes como la de suministrar luz y agua a los desfavorecidos. Y, para seguir con la carambola, el mismo PSOE que ha arrinconado en un cajón textos muy avanzados sobre esta prestación en las dos últimas legislaturas, ahora subraya que hay que trabajar en aprobar derechos para los ciudadanos y no medidas coyunturales. A la vez que los miembros del Gobierno ofrecen continuas declaraciones huecas, ninguno parece recordar el acuerdo de Gobierno en el que se recoge un compromiso de mínimos: crear un grupo de trabajo en el Parlamento como embrión de la futura ley. Tampoco hay fecha para la reforma de la ley de Servicios Sociales de Andalucía, vigente desde 1988.

Mientras tanto, pese a que los socios en la Junta mitigan públicamente las diferencias, el cruce de declaraciones es diario. Después de que el martes el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, rebajase las expectativas de IU, ayer el portavoz parlamentario de la coalición, José Antonio Castro, reclamó al PSOE-A "mayor coordinación" entre el ámbito parlamentario y el Ejecutivo al hablar públicamente de medidas "acordadas" entre las dos formaciones, en referencia al decreto de luz y agua y a la alternativa de trabajos comunitarios para quien no pueda pagar el alquiler de las viviendas sociales propiedad de la Junta.

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, comentó ayer sobre estas medidas que "tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos; la beneficencia es de tiempo pasado". El consejero se refirió así a la crítica el martes del secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, que calificó de "ocurrencias" estas propuestas y reclamó a la Junta "que no anuncie tanta caridad" y cumpla con el compromiso de aprobar una renta básica.

La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana María Corredera, aprovechó ayer los desencuentros para meter la zancadilla y aseguró que, en lugar de poner en marcha "medidas puntuales" para personas en riesgo de exclusión social, mejor sería la implantación de la renta básica.

Esta prestación obligaría a conceder un salario mensual a las personas sin recursos con el compromiso de que busquen un trabajo.