Cuando el entonces comisario europeo de agricultura Ray Mac Sharry, conocido como Mack el Cuchillo y autor en 1992 de una reforma de la Política Agraria Común, fue invitado por el sindicato agrario Asaga -hoy Asaja- a la Feria de Sevilla a finales de los 80, se llevó las manos a la cabeza en el viaje en coche por la autopista hacia Jerez. A ambos lados, crecían campos de algodón con plásticos: "Ustedes están locos. ¡Qué están haciendo! Están sobreexplotando la tierra". Por entonces, doce propietarios de Antequera litigaban en el Supremo para detener la expropiación de sus tierras: ya estaba en marcha una de las leyes históricas de la autonomía andaluza, la reforma agraria, que penalizaba, incluso con la expropiación, la infraexplotación de la tierra. 

Recuerda la anécdota Cristóbal Cantos, secretario provincial de Asaja Cádiz, para ilustrar lo que supuso esa revolucionaria medida para el campo andaluz. "Acabábamos de entrar en Europa y, justo en ese momento, Andalucía decidía caminar en la dirección contraria. No creo que nadie derrame una lágrima por un anacronismo a la que esta ley de punto final de la reforma agraria da carpetazo".

Así es. El decreto ley de reordenación del sector público andaluz  acaba, 25 años después, con una polémica norma con la que Rafael Escuredo, entonces presidente de la Junta, incluso con la oposición del Gobierno central de Felipe González, quiso cumplir el sueño de Blas Infante de la tierra para  el  que la trabaja. Con este decreto, el IARA desaparece y lo hará a partir del próximo 31 de diciembre deshaciéndose de las tierras que tenía en concesión a agricultores de la región. Es una medida que pretende recaudar 75 millones de euros. Serán 5.350 hectáreas las que se ofrecerán en propiedad a los 583 colonos, en régimen particular o cooperativo, que las siguen ocupando. A ellas, hay que sumar otras 5.320 hectáreas en las que el propietario es la Junta y que son cultivadas por la empresa pública de Desarrollo Agrario, más 2.283 hectáreas que tienen adjudicatarios provisionales. En total, casi 13.000 hectáreas que el sector público va a poner en el mercado, aunque se aclara que no al mejor postor. La Junta ya no quiere ser una propietaria rural.

Esta medida que ventilará el símbolo del cambio del campo andaluz en los 80 no es, en absoluto, drástica. Desde hace años los colonos estaban intentando adquirir las tierras al IARA. Aquella filosofía de la tierra para quien la trabaja, que incluía en sus inicios la creación de bolsas de tierra pública para ser cultivadas, es sólo un recuerdo. "Los agricultores que han trabajado durante veinte años estas tierras quieren dejar algo a sus hijos, es su legado, aunque es cierto que los hijos no siempre están interesados en seguir cultivando la tierra de sus padres", explica José Manrique, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y miembro de la cooperativa Fernando de los  Ríos, en Rota. Él  es un ex colono que desde hace ocho años es propietario de la tierra que la Junta adquirió en 1984 a los titulares de cortijos cercanos. "Aquello no fue tan traumático como en otros sitios. La Junta llegó a un acuerdo con los propietarios y pagó tierra de secano para hacerla regadío en 400.000 pesetas de la época, lo que estaba muy bien porque era un precio adecuado y, de lo contrario, serían expropiados, de modo que no hubo litigio".

Los cooperativistas de este sector de tierra de la costa Noroeste de Cádiz, con dos lotes de 90 hectáreas repartidas entre 80 colonos,  compraron en 2002  a poco más de 500.000 pesetas la hectárea y obtuvieron créditos al 3,5% de los bancos. Aún les quedan cuatro años para pagar esa hipoteca. "Cumplimos con el banco sin demasiados agobios -explica Manrique- porque nuestros cultivos de algodón y remolacha han tenido buenas mochilas". Las mochilas, como las llaman ellos, son las ayudas que han llegado de Europa, porque, como ya dijo Mac Sharry, lo último que quería Europa era justo lo que pregonaba Blas Infante, que, a su vez, era lo que sobre el papel, que no tanto en los hechos,   pregonaba la Junta. De hecho, la adquisición de tierras por parte del IARA no modificó en exceso la estructura de la propiedad de la tierra. En la actualidad, un 4% de los propietarios andaluces poseen el 54% de la tierra, lo que se traduce en que sólo el 1% de los perceptores de ayudas europeas se lleva el 20% del total. Blas Infante hablaba del campo sojuzgado de los años 30, cuando el sector agrario suponía más del 60% de la población activa andaluza. En los 80, cuando el sector agrario andaluz apenas suponía el 20%, jornaleros sin trabajo afiliados al SOC tomaban las fincas y reclamaban para ellos la tierra y así no tener que abandonar sus pueblos. En estos 25 años, cuando la población activa rural está ya sólo en el 8,7%, ha cambiado más la mentalidad que la propiedad. Hemos pasado por  el PER, la inmigración, los transgénicos y, sobre todo, el cuchillo de Europa. La reforma agraria no ha sido determinante.

Todavía faltan muchos colonos por adquirir la tierra y, según Manrique, "yo creo que todos lo harán porque lo llevan intentando desde hace años. Ya han pagado parte del canon y es la inversión de  su  vida". Sobre las condiciones, calcula que serán similares a las que ellos tuvieron para acceder a la propiedad y tampoco cree que haya problemas con la financiación. "La Junta facilitará en lo posible ese paso y ya hemos hablado con los bancos, que ven con buenos ojos la operación. Los bancos saben que la gente de campo paga".

Cristóbal Cantos, de Asaja, no es tan optimista porque "ahora mismo en el campo la capacidad financiera es la que es, después de muchos años de ir tirando, de crédito sobre crédito. En ese sentido, no veo a la Junta en el momento de liberar patrimonio para financiar su adquisición. Esperamos que se den todas las facilidades".

Así lo ha declarado la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, que anuncia ayudas para los colonos que quieran acceder a la propiedad y dinero por la mejora de las explotaciones a quienes decidan abandonar. Ha afirmado que esta medida no  es para ingresar dinero, sino que está marcada por el curso de los tiempos: "El campo andaluz no es el de hace treinta años y hay medidas de la reforma agraria que ni tienen contenido ni se usan".

Enrique Pérez pertenece a la cooperativa La Verde, en Villamartín (Cádiz), un ejemplo de agricultura ecológica y de innovación en la distribución y comercialización. La Verde se instala sobre terrenos de la Confederación, no del IARA, pero Enrique Pérez, como miembro del movimiento cooperativo del SOC, formó parte en su día de la junta provincial de la reforma agraria. "Lo que queríamos y demostramos es que éramos gente que queríamos trabajar, pero muy poco de aquella reforma agraria se llevó a cabo. Para empezar, se puso muy poca tierra a disposición de los trabajadores. Ni la Junta tenía dinero para hacerlo ni desde Madrid se estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo aquí. Todo se diluyó y quedó en un remedo de aquella gran reforma".

Con el paso del tiempo, Pérez, que ya no es un veinteañero revolucionario que clamaba por la tierra para quien la trabaja, reflexiona: "Dentro del SOC, yo pertenecía al sector menos radical. Otros compañeros querían tomar las fincas por las bravas y trabajar en ellas sin más, sin dar nada a sus propietarios. Con el tiempo nos dimos cuenta de que el enfoque no era adecuado, que no se trataba de tierra y más tierra, que se vio que era lo contrario a lo que pretendía Europa... De lo que nos dimos cuenta era de que la auténtica reforma que necesitábamos tenía mucho más que ver con la formación y la comercialización".

Ahora, cooperativas que fueron punteras en su día dentro del movimiento obrero del campo, como la propia La Verde, o El Indiano, en Puerto Serrano, están en la punta de lanza de una comercialización novedosa de sus productos, muchas veces trabajando puerta a puerta el punto de venta para convencerles de la existencia de un producto diferenciado. Calidad, no cantidad. "La agricultura no se puede ver como hace 30 años, pero si en su día no hubiera nacido esta cooperativa jóvenes como yo tendríamos que habernos ido fuera a buscar el trabajo", concluye Pérez. Según los datos de la Junta, más de la mitad de la tierra adjudicada los colonos durante la reforma agraria está gestionada por sistemas cooperativos.

Y por eso la reforma agraria pasa a la historia en Andalucía dejando un buen número de nuevos propietarios que pondrán en manos de sus hijos el futuro de las tierras que en su día se consideraron improductivas. Quizá, como reconoce José Manrique, esos hijos ya no sigan trabajándolas.  Para Cantos, la reforma "fue un engaño  a la sociedad andaluza que sirvió para apalancar el PER y sistemas corruptos deformes". Para la Junta, modernizó el campo andaluz. Sea lo que fuera, ya forma parte del pasado.