La Audiencia de Sevilla inicia su particular “semana fantástica” de las macrocausas. De lunes a viernes se celebrarán en días alternos dos macroprocesos, relacionados con las presuntas irregularidades detectadas en los préstamos concedidos por Invercaria y con las ayudas públicas para los cursos de formación. En ambos macroprocesos, que se prolongarán en principio hasta el mes de marzo, intervendrá el mismo fiscal delegado de Anticorrupción, Fernando Soto. El lunes, miércoles y viernes habrá vista oral por una de las piezas de Invercaria, y el martes y jueves será para la causa de la formación, y esta alternancia continuará en las siguientes semanas. Dos macrojuicios y un único fiscal, como aquella mítica imagen de Nacho Cano con los brazos abiertos y tocando varios teclados en los conciertos de Mecano.

El primero de los juicios que arranca mañana guarda relación con los préstamos que Invercaria realizó en la empresa Cedes Electria, una compañía de energía eólica que recibió una financiación pública de 1.550.000 euros, aunque la Fiscalía reclama una indemnización de 1,8 millones para las arcas públicas. Se trata del quinto juicio de la macrocausa de Invercaria que llega a juicio.

Esta causa, que se enjuicia en la Sección Primera de la Audiencia, se dirige contra seis acusados, entre ellos el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de Invercaria Bienvenido Martínez, y la vocal del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, a los que el Ministerio Público reclama 10 años de inhabilitación y seis años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Isabel de Haro fue enjuiciada recientemente y absuelta en el cuarto juicio de Invercaria, por las ayudas a la empresa Fumapa.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, en uno de los juicios de Invercaria.

Los otros tres acusados, que se enfrentan a una condena de dos años y medio de cárcel como inductores de esos mismos delitos son el presidente de Cedes Electria José Luis Manzano y los consejeros Federico Mañero y Enrique García, según el escrito conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal destaca que Cedes Electria se constituyó en agosto de 2008 e Invercaria entró en el capital social con una aportación inicial de 42.000 euros. Según el Ministerio Público, se trató de una “decisión personal” de Pérez-Sauquillo que “no contó con respaldo del departamento de inversiones, no fue aprobada por el comité de inversiones” y fue adoptada sin atender siquiera a petición previa de Cedes Electria.

El dinero de Cedes fue a consultorías, facturas ficticias y proyectos de otras empresas

En octubre de 2008, Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo a la entidad por importe de 408.000 euros y después se aprobó una inversión adicional de 700.000 euros que fue aprobada posteriormente por el consejo rector de la agencia IDEA el 28 de julio de 2009. Esta inversión, añade el fiscal, “tampoco fue analizada por el departamento técnico, ni pasó por el comité de inversiones a pesar de que en el acta del consejo así se haga constar”.

Dice el fiscal que en abril de 2009 Pérez-Sauquillo concedió otro préstamo participativo por importe de 400.000 euros, aunque esta ocasión se otorgó a favor de la entidad CSI, una ayuda que está “huérfana de todo procedimiento”, por lo que el montante total de la financiación pública asciende a 1.550.000 euros y el perjuicio total causado al erario asciende a 1.850.094,25 euros.

El expediente de Cedes Electria que había en Invercaria “carecía de documentación alguna” y el plan de negocios aportado por el promotor fue incorporado posteriormente cuando las inversiones ya estaban efectuadas”. La realidad era que “la actividad de Cedes estaba siendo desarrollada a través de las empresas de los propios socios”, quienes “han mantenido el nivel de actividad de sus empresas, no siendo Cedes más que un mero intermediario e instrumento, de tal manera que los fondos públicos invertidos en la misma terminaron en aquellos, y ello al margen de las remuneraciones directas percibidas por los mismos”.

El fiscal reprocha que “a pesar de la escasa actividad innovadora y mercantil de Cedes”, el destino de los caudales públicos fue de un lado al pago de servicios, “muchos de consultoría del entorno” de José Luis Manzano y al pago de “facturas ficticias” de Federico Mañero y Enrique García.

De otro lado, los fondos públicos se emplearon en “proyectos de terceros, entre los que destaca el proyecto Electria Wind y Eolincyl”, relata el fiscal, que advierte que Cedes con la única financiación del caudal público andaluz costeó la totalidad de los proyectos Electria Wind y Eolincyl “a cambio de nada, pues nada obtuvo finalmente”.

La acusación pública sostiene que Cedes, por decisión de su presidente, José Luis Manzano y con la “total pasividad” de Isabel de Haro, Tomás Pérez-Sauquillo y Bienvenido Martínez, “siempre ejerció su actividad a través de terceros y se sirvió de las compañías de sus socios, de tal manera que enriqueció a estos con una fuerte contratación con entidades vinculadas”. El fiscal cifra en más de 6,5 millones las transferencias a sociedades vinculadas con sus socios.

Ante otro tribunal se sentará la “reina” Melchor por el desvío de fondos de los cursos

El otro juicio de las macrocausas arranca el próximo martes, 1 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde se van a dirimir las presuntas irregularidades detectadas en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades). En el banquillo se sientan cuatro acusados por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, relacionados con la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte (Huelva).

La principal acusada es la que fuera directora gerente del consorcio entre los años 2006 y 2011, Ana María Orihuela Espinosa, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte y a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye precisamente el desvío de parte de los fondos públicos a gastos derivados de su salida como ‘reina’ Melchor en la Cabalgata de Reyes de la localidad onubense de 2009.

El fiscal sostiene que la acusada, en el uso de sus atribuciones, “ordenó pagos y servicios de naturaleza variada en modo alguno relacionados con los fines del consorcio”. Así, determinó que una partida de 40.078,16 euros se incluyeran en el concepto de “difusión y publicidad”.

En esa partida se incluyó, por un importe de 6.555,15 euros, la compra de “regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, en la que había sido elegida para encarnar a la “reina” Melchor. Dice el fiscal que igualmente pagó con fondos del consorcio un “desayuno de la Cabalgata de Reyes”, que costó 600 euros y que se trató de justificar ante la Junta como “atenciones protocolarias”.Los presuntos desvíos de los fondos públicos que debían ser destinados a la formación no quedan ahí porque, según Anticorrupción, la acusada destinó otros 9.038,62 euros a todo tipo de comidas, “como la de Navidad con lo alumnos (2.059,75 euros); con los sindicatos y empresarios de la comarca para dar a conocer la oferta formativa (1.284 euros); o el ágape de ‘recepción de autoridades’ en el que se invirtieron 1.200 euros”.