Al margen de declarar como testigo sobre convenios urbanísticos, el ex tesorero del Ayuntamiento de Estepona, Félix Domínguez, también aseguró a la Policía que fue reemplazado como liquidador de las empresas municipales Estepona XXI cuando "tuvo que exigir responsabilidades societarias a los tres administradores de las sociedades", entre los que se encontraba el concejal del PES, José Ignacio Crespo, y el que fuera concejal de Turismo Antolín González. En aquel momento, PSOE y PES mantenían un pacto de gobierno.

El tesorero agregó que había "un gran número de expedientes sancionadores a punto de prescribir o que habrían prescrito por dejadez", lo que supuso que la hacienda local dejara de ingresar 10 millones.

Por su parte el ex gerente de la empresa Desarrollos Municipales, Juan Carlos Gurrea, también testigo, preguntado si el que fuera concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, "había cobrado en alguna ocasión comisiones a los proveedores del Consistorio", como por ejemplo a un empresario concreto, aseguró que creía que sí, que "si querían que sus servicios fueran contratados por el Ayuntamiento, tenían que pagarle".

Los investigadores también preguntan a un notario de la localidad si sabe "que hay miembros del Ayuntamiento que les extorsionan", y él contesta que "le ha dicho algún promotor perjudicado directamente que personas del Ayuntamiento, sin especificar cargos, le han realizado insinuaciones para realizar disposiciones patrimoniales en perjuicio propio o de terceros a cambio de agilizar algún trámite relacionado con el Ayuntamiento".