el segundo juicio de los ERE

Un ex trabajador de Acyco dice que la empresa les obligó a prejubilarse

  • El testigo, miembro del comité de empresa, dice que los administradores de la empresa "se llevaban el dinero y engañaban a los trabajadores".

Un ex trabajador de Acyco dice que la empresa les obligó a prejubilarse

Un ex trabajador de Acyco dice que la empresa les obligó a prejubilarse / e. p.

Un ex trabajador de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) ha asegurado este martes en el juicio que la empresa obligó a que se prejubilaran 35 empleados, dado que "más de la mitad o casi todos los trabajadores" no querían prejubilarse pero la empresa "les decía que se tenían que ir" para sustituirlos por gente joven y más preparada.

El testigo Antonio A. M., que era socio de Acyco y se prejubiló en el año 2003 con 59 años, ha afirmado que se acogió a la prejubilación porque "lo echaron", y ha negado que conociera la inclusión de los dos intrusos, algo de lo que fue ajeno hasta que la Guardia Civil lo citó para prestar declaración en octubre de 2011. Según el testigo, que inicialmente prestó declaración como imputado en la fase de instrucción, Acyco "siempre iba bien, lo que no iba bien eran los que llevaban la empresa", y ha acusado a los administradores al opinar que la "administración de la empresa no valía, se llevaban el dinero de la empresa y nos engañaban a los trabajadores. Nos engañaron todos diciendo que la empresa no era rentable y no sabemos en cuánto la vendieron" posteriormente al grupo SOS.

También ha afirmado que la Asociación de trabajadores 3 de julio, constituida por los prejubilados, "la hizo la empresa no sé por qué", la crearon "para engañarnos a nosotros y llevarse más dinero" y los estatutos los redactó el jefe de Recursos Humanos, Gabriel Barrero, uno de los once acusados en este juicio, del que ha llegado a decir que era el que "lo manejaba todo" en relación a las prejubilaciones y quien les informo de que la Junta de Andalucía era la que "lo pagaba todo" del ERE.

El que fuera miembro del comité de empresa ha reconocido que la asociación recibió en su cuenta en el año 2004 un ingreso de 243.800 euros -correspondiente al anticipo de la póliza que habían realizado siete socios-, y ha indicado que ese dinero, menos el IVA, se lo llevaron la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, Gabriel Barrero y otros miembros del consejo de administración. Se hizo una transferencia y "nunca hubo más ingresos" porque rompió la cartilla, ha añadido.

El testigo ha relatado igualmente que en una ocasión se reunió con el director de Trabajo Javier Guerrero cuando se firmó el acuerdo para las prejubilaciones, en un encuentro al que también asistió el entonces delegado provincial Empleo, Antonio Rivas, y varios miembros del consejo de administración de la empresa aceitunera.

Encarnación Poto era una "dictadora"

En la octava sesión del juicio, celebrada este martes, también ha comparecido otra socia y trabajadora de Acyco, María Auxiliadora F. S., quien en su declaración ante la Guardia Civil dijo que la presidenta de la empresa, Encarnación Poto Monge, también acusada, era una "dictadora". La testigo ha negado, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción, que tuviera un enfrentamiento personal con la acusada y, en cambio, ha dicho que más bien existía un "desacuerdo colectivo" con la gestión de Poto, a la que ha criticado que actuaba con "abuso de poder".

La testigo ha afirmado que a la presidenta de la sociedad "se le dio un poder absoluto" y a Poto "se le olvidó que aquello era una sociedad, que Poto no era empresaria, sino una socia más" de la empresa. Así, ha dicho que el resto de los socios tenían que "someterse a lo que decía" Encarnación Poto, aunque ha rechazado que tuviera un resentimiento hacia ella.

María Auxiliadora F. S. ha agregado que los trabajadores no tenían acceso a las cuentas de la empresa y no sabían el precio de la venta de los anteriores terrenos, ni por cuanto se vendió finalmente Acyco al grupo SOS, a pesar de que eran socios de la entidad. 

El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos, mientras que el tribunal ha aplazado a la próxima semana el testimonio del Guardia Civil que intervino en la elaboración de los atestados relacionados con esta ayuda, al objeto de decidir si el investigador debe acudir a la Audiencia para declarar, como han solicitado las defensas, o su comparecencia puede hacerse mediante videoconferencia, como estaba inicialmente previsto por motivos del Covid-19 y la reciente declaración del estado de alarma.

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