El Sistema Nacional de la Dependencia (SND) prometía ser la receta millonaria que paliase el déficit en el servicio residencial. Se prometieron 4.000 nuevas plazas. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta elaboraría un mapa para distribuir los centros residenciales, en proporción al número de mayores de 65 años que residía en cada provincia. El índice andaluz pasaría pronto de aquel 2,7 de 2007 -inicio de la aplicación de la ley-, a un 3,15 y quedaría desfasado el Libro Blanco que situaba a la comunidad entre las comunidades que proporcionaban un menor índice de cobertura en los servicios asistenciales.

Casi cinco años después, Andalucía se mantiene a la cola en cuanto a la oferta de plazas de residencias que ofrece a las personas mayores de 65 años. Con 688 centros y 36.389 plazas (el 75% concertadas o privadas), sólo da cobertura a un 2,8% de la población mayor de 65 años, de 1,2 millones de personas. La ratio de la comunidad se sitúa por debajo de la media nacional (4,3), sólo por encima de Murcia (2,1) y Canarias (2,6), y a una distancia sideral del 5% de proporción que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el informe de Portal de Mayores (plataforma de análisis promovida por el Imserso y el CSIC) con datos cerrados a noviembre de este año, en un recurso clave de atención a las necesidades de los ancianos como es la red de dispositivos residenciales, queda mucho por hacer.

Este documento indica que en España hay censadas 5.293 residencias, 688 de ellas en Andalucía, que suman un total de 344.310 plazas; poco más de un 4,3% de la población candidata a vivir en una de ellas puede hacerlo. La diferencia de la oferta entre comunidades a este sector de población es muy importante.

Castilla-La Mancha (7,4) y Castilla y León (7,3) se sitúan a la cabeza. En un ranking por provincias, las ocho andaluzas se ubican por debajo de la media. La mejor posicionada en términos relativos, Córdoba, es la número 31 de las 52 provincias, y Málaga (2,2) sólo se ve superada en esta clasificación por Ceuta.

Ya en un informe especial en 2007 titulado La atención a las personas mayores dependientes en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz advertía de los niveles de cobertura inferiores de Andalucía con respecto a la media y a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña. Señalaba que en el periodo 2001-2006, la evolución de las plazas residenciales de acceso público para personas mayores había sido creciente. Sin embargo, se produjo un descenso notable entre año 2003 y 2004 que retrasó su crecimiento, hecho que se produjo con menos intensidad a lo largo del año 2006.

La ley de Dependencia que entró en vigor en 2007 ha permitido pasar en cinco años de 30.000 plazas en 2007 a esas 36.389, creciendo la ratio de un 2,7 a un 2,8 actual. Andalucía se ha visto superada en este tiempo por Galicia (2,9, tenía 2,3) y ha visto cómo se alejaban otras comunidades que estaban cercanas, como Valencia.

En los últimos años, una inyección importante para la provisión de plazas residenciales tuvo que haber procedido del Plan E, que en 2009 comprometió la reforma o puesta en marcha de 6.000 nuevas plazas de residencia y unidad de estancia diurna con una inversión de 74 millones de inversión. Estas plazas tenían que estar disponibles para finales de ese año.

La apuesta del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía se ha diversificado hacia otros recursos para personas mayores como los centros de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

Esta prioridad en la gestión de los servicios públicos atiende a una filosofía concreta, la de que el mayor permanezca el mayor tiempo posible en casa y no tenga que abandonar su domicilio, pero también a una práctica económica: estos servicios son muchos más baratos que la plaza en una residencia, que puede costar a la Administración unos 6.000 euros anuales.

Esta filosofía en apariencia generosa de la Junta no es óbice, sin embargo, para que no se dé cobertura a un porcentaje mayor de población que pudiera necesitar este recurso, según le han reclamado otros partidos como el PP.

En realidad, es casi imposible conocer si la oferta real de plazas es suficiente para las personas mayores que así lo necesiten. Más fácil sería si la propia Junta informase de las listas de espera en las plazas de acceso público, algo que no ha podido conseguir ni el Defensor del Pueblo andaluz, detalla en su informe.

También IU se ha quejado con frecuencia de la insuficiencia de plazas públicas con respecto a las concertadas o privadas (una de cada cuatro). En 2007 el porcentaje de plazas privadas era del 71,3% y ahora es de un 74,7%.

Las plazas residenciales de acceso público no son gratuitas para los usuarios. Éstos deben abonar una cantidad equivalente al 75% de sus ingresos líquidos anuales, exceptuando las pagas extraordinarias, y hasta un importe máximo del 90% del coste de la plaza.

En el cálculo de las aportaciones del usuario no se tienen en cuenta ni su patrimonio personal, ni tampoco las rentas de los otros miembros del hogar o de los hijos no residentes en el mismo.

De este modo, el sistema de copago de los usuarios de las plazas de acceso público no penaliza el ahorro familiar; ni tampoco a los hijos; ni, en principio, a los miembros de la unidad de convivencia. No obstante, la institucionalización de una persona mayor, si ésta es la única o la principal fuente de ingresos en el hogar, tal como sucede con frecuencia en los hogares formados por parejas de personas mayores, suele comportar un impacto económico muy importante. Este problema afecta con mayor intensidad a las mujeres de edad más avanzada, aunque también afecta a hogares de personas mayores con hijos en situación de desempleo o de exclusión social.