Izquierda Unida (IU) se ha querellado en la Audiencia Nacional contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los exmiembros de la cúpula del partido Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios, por la supuesta contabilidad B en la formación política.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado una querella conjuntamente con Ecologistas en Acción, las asociaciones Justicia y Sociedad y Libre de Abogados y Los Verdes, contra un total de quince personas, entre políticos y empresarios, por once delitos. En ella, pide que el tribunal requiera urgentemente a la Fiscalía Anticorrupción, que está investigando los conocidos como papeles de Bárcenas, todas las diligencias que ha practicado hasta el momento para que el caso lo asuma la Audiencia Nacional.

IU afirma en la querella que los extesoreros y los ex altos cargos del partido "recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado la ley" a cambio de adjudicaciones a los empresarios, "defraudando así a la sociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento".

En concreto, el partido destaca que Rato, Acebes y Trillo -exvicesecretario, ex secretario general y ex responsable jurídico del PP, respectivamente-, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos (figuran como receptores de dinero del PP en los papeles manuscritos) que no fueran los propios de su labor en el ministerio. En la querella, IU desgrana las donaciones de los empresarios al PP que figuran en los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas y los relaciona con adjudicaciones hechas a esas empresas por las administraciones públicas.

Así, pide que se investigue a José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que habría pagado alrededor de 1.200.000 euros; Manuel Contreras Caro de Azvi, que donó, según lo publicado, 858.000 euros; Juan Manuel Villarmir (OHL), que habría donado más de medio millón de euros, al igual que Luis del Rivero Asensio, de Sacyr Vallehermoso.

La querella también apunta a Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), que pudo pagar al PP entre 250.000 y 300.000 euros, la misma cantidad que Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa); José Mayor Oreja (FCC), a cuyo nombre figuran entregas de al menos 170.000 euros en los papeles publicados y Antonio Vilella (grupo Rubau), que supuestamente pagó 100.000 euros. IU indica que estas donaciones y pagos pueden ser constitutivos de, entre otros, los delitos de asociación ilícita, blanqueo, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.

De ser admitida a trámite, pide que se cite como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; al diputado del PP Eugenio Nasarre; al expresidente balear Jaume Matas; al ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo; al miembro de las Juntas Generales de Alava del PP Santiago Abascal y al exconsejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa. Asimismo, pide información de los contratos con las administraciones públicas de las empresas donantes, las cuentas enviadas por el PP al Tribunal de Cuentas y el informe de vida laboral de Bárcenas entre los años 2009 y 2013.

A la salida de la Audiencia, Lara ha explicado a los periodistas que con la querella pretende que "se haga justicia en este país para regenerar la democracia". "Quien tenga responsabilidades, que las pague", ha dicho Lara, quien ha insistido en que la investigación de estas supuestas donaciones y pagos del PP debe ser judicializada para que se "abra un futuro de esperanza distinto".

Hasta el momento ya se han presentado dos querellas respecto a esta supuesta contabilidad B, pero ambas en los juzgados de Plaza de Castilla. A este respecto, Lara ha indicado que entiende que es la Audiencia Nacional -que ya investiga a Bárcenas en el caso Gürtel- la que debe instruir esta causa porque las actividades presuntamente delictivas "se han producido en distintos territorios del Estado y el tema tiene envergadura nacional". "No es una cuestión puntual que afecte a un hecho concreto, está afectando desde el punto de vista económico, cualitativa y cuantitativamente, al interés general del Estado, ya que está afectado el propio PP, que es el que sustenta al Gobierno", ha agregado.