Medio millón de mujeres, en su mayoría inmigrantes, están inmersas en la economía sumergida del empleo doméstico, y afrontan desde esa "invisibilidad" la paradoja que supone partir una familia en origen para propiciar la conciliación del trabajo y el hogar en España.

Los datos son de la ong Intermón Oxfam, que ha presentado el informe Mujeres migrantes andinas: contexto, políticas y gestión migratoria, en el que denuncia la triple discriminación a la que se enfrentan miles de mujeres procedentes de Iberoamérica, por ser mujeres, por ser inmigrantes y por estar empleadas en el hogar.

Los datos de Intermón revelan que en España unas 859.000 familias disponen de algún empleado en el hogar, aunque sólo están dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social para este sector unas 295.000 personas, en su mayoría (el 93 por ciento) mujeres, y el 61 por ciento de ellas extranjeras.

La ong ha denunciado por ello que el 65 por ciento de esos empleos pertenece a una economía sumergida, esencial y vital sin embargo en las economías de sus países de origen, ya que las remesas de dinero que envían duplican por dos y en algunos casos hasta por tres la ayuda oficial al desarrollo que destinan los países desarrollados.

El informe de Intermón, que se centra en los cuatro países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), incide en que los derechos de las mujeres inmigrantes empleadas en el hogar son vulnerados "sistemáticamente" por sus empleadores y por las instituciones, y en que su poder de negociación ante estos está anulado porque en su mayoría son irregulares y temen la expulsión del país.

Según los datos de esta organización, las mujeres realizan el 60 por ciento de las transferencias de dinero a sus países de origen, y reservan para ello hasta el 60 por ciento de sus salarios, frente a los varones, que envían el 14 por ciento de su sueldo.

Pero los responsables de Intermón han insistido en la paradoja que supone la labor de estas mujeres, que contribuyen desde una situación en muchos casos irregular y carente de derechos a mejorar las condiciones de vida de sus allegados en sus países, y que afrontan además la "estigmatización" y la culpabilidad por haber migrado, distanciándose así de una familia pero satisfaciendo con su labor las necesidades de miles de familias españolas.

La peruana Donatila Gamarra ha denunciado la desprotección social que las empleadas del hogar sufren en España, la falta de cobertura para situaciones como enfermedades o embarazos y la ausencia de contratos que regulen sus condiciones laborales, y que ésos se limiten en la mayoría de los casos a acuerdos verbales entre la empleada y sus empleadores.