Los empleos irregulares, también conocidos como sumergidos, impiden la captación de 2.070 millones de euros a las Administraciones Públicas en Málaga, el segundo mayor volumen de Andalucía por detrás de Sevilla, según los datos facilitados ayer por el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha).

Si al fraude en las contrataciones se le suma el fraude fiscal de los empresarios y particulares, la factura de la economía sumergida en la provincia asciende a 6.127 millones de euros, el 22,6% del PIB de Málaga.

Ese porcentaje tan alto de economía irregular explica, en parte, cómo es posible que siga habiendo una relativa calma social en una provincia como Málaga con 200.000 desempleados y una tasa de paro superior al 30%. Hay miles de malagueños que están viviendo gracias a esos chanchullos, si bien es cierto que si se legalizaran esas actividades y esos importes Málaga tendría 6.000 millones de euros más en sus arcas para acometer todo tipo de proyectos y, posiblemente, no habría crisis económica. En el conjunto nacional se estima que la economía sumergida mueve 244.134 millones de euros, el 23,3% del PIB.

Gestha denunció ayer el fraude en el autoempleo de los autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares principalmente en los sectores de la agricultura, la construcción, la hostelería, el turismo o el transporte. El Gobierno aprobará en breve un nuevo Real Decreto Ley para que aflore la economía sumergida y los expertos reclaman que se introduzcan medidas "alentadoras" para que los empresarios no hagan contrataciones ocultas.