A pesar de que el Málaga se jugará este domingo el ascenso a Primera, antes deberá afrontar otra cita que será clave en su futuro. Para el jueves (la fecha la fijó la Ciudad de la Justicia y no se pudo estirar más) está fijada la junta general de acreedores que debe aprobar el proyecto de viabilidad del Málaga. Para ello, el club necesita alcanzar un acuerdo con los acreedores a los que adeuda el 51% del débito ordinario (unos 10 millones de euros). No obstante, en caso de que el club de Martiricos no alcanzara esa adhesión, "no hay motivos para la alarma", como afirmó ayer el administrador Daniel Pastor.

Aun firmado el auto de disolución, la Ley Concursal ofrece un resquicio legal de tal forma que podrían pasar hasta cinco años, el tope para el calendario de pagos, sin que se ejecutara.

No obstante, el club, lógicamente, no desea que se llegue a esta situación y desde las últimas semanas está convenciendo a los acreedores más reticentes, que están accediendo sabedores de que la disolución no les permitiría cobrar un solo euro (sería todo para Hacienda, el máximo acreedor). Así, a medida que se aproxima la decisiva cita del jueves en la Ciudad de la Justicia, la actividad en los despachos de Martiricos es frenética. Tras salvar en un tiempo récord el acuerdo con Valcarce, el segundo máximo acreedor tras Fernando Sanz, el club logró ayer la adhesión de Arnau, Antonio Hidalgo y Goitia (firmarán hoy). También Jesús Gámez o César Navas han hecho lo propio. El club confía en llegar al 51% deseado entre hoy y mañana. Daniel Pastor se mostró muy optimista ayer al respecto.

Por otra parte, el Málaga sellará hoy el convenio con Hacienda, el principal acreedor del club, en una cita que está programada en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Sevilla. Según éste, el débito con el organismo estatal se reducía de los 16 millones de euros iniciales a 12,8, que serían finiquitados en un plazo de cinco años si permanece en Primera u ocho años si el club alterna entre la máxima categoría nacional y la Segunda.