LA Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) fue puesta en marcha en 2014, por iniciativa de la Unión Europea y tiene como fin velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en particular el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en el artículo 135 de la Constitución. Existen instituciones similares en otros países y el antecedente data ya de 1947, cuando se instituyó en Bélgica. En nuestro caso, de una forma u otra, un órgano de esta naturaleza tendría que haber sido puesto en marcha ya desde la liquidación de los presupuestos del Estado de 1979, por la simple razón de que es un mandato constitucional que la programación y ejecución del gasto público respondan a criterios de eficiencia y de economía (art. 31.2 CE). Pero hasta que hemos sido obligados a crearla no hemos hecho otra cosa que marear la perdiz con intentos de establecer dispositivos de evaluación de políticas públicas que han escaso resultado efectivo, si han dado alguno.

La Autoridad es conocida, sobre todo, por su actividad relacionada con su finalidad principal y, en consecuencia, por sus informes sobre los proyectos de presupuestos públicos. Pero su trabajo no se limita a esto, sino que viene produciendo unos estudios –no dudo en calificarlos de impagables– sobre asuntos que tendrían que haber sido examinados hace tiempo y sobre los que hasta ahora los interesados sólo podíamos hacer conjeturas a falta de información suficiente. Me refiero a sus estudios sobre determinadas aplicaciones del gasto público, siete hasta ahora y cuya denominación sintética es: subvenciones, recetas médicas, políticas activas de empleo, becas universitarias, I+D+i, industria (fortalecimiento de la competitividad empresarial) y Correos. Esta práctica y la metodología asociada se conoce como 'spendig review', y es de general aceptación entre los países que tienen verdadero respeto por el dinero del contribuyente y que asumen sin problema que cualquier programa público es perfectible, o que hay que eliminarlo si se demuestra inhábil para alcanzar los resultados para los que fue diseñado.

La lectura de estos informes o incluso de sus presentaciones puede llevarnos a adoptar dos posiciones bien distintas. Una de ellas sería pensar que, si son una muestra del funcionamiento general de los programas públicos, lo razonable sería declararnos en huelga fiscal. Otra, más constructiva, es que por fin se están identificando las posibilidades de mejora de lo público de una forma sistemática, con una metodología rigurosa, basándose en evidencias y en comparaciones internacionales. En definitiva, dejando de lado las ocurrencias de mejora no infrecuentes en directivos públicos recién llegados al cargo, o los juicios de valor realizados de forma apresurada por el público y, no pocas veces, también por políticos (de la oposición, claro está). Pero, sobre todo, ayudando a perder el temor a cambiar una política “porque siempre se ha hecho así” y porque su finalidad sea inobjetable. En otras palabras, ayudando a vencer la resistencia que genera cualquier cambio, puesto que alterar el statu quo siempre genera perjudicados (siquiera sea por acomodados) que se autoidentifican con facilidad, cosa que no sucede con los futuros beneficiarios del cambio.

Dos de los estudios han sido muy noticiosos. Uno de ellos el primero: Evaluación de la estrategia y procedimiento de las subvenciones públicas, que sentó las bases para los posteriores. El otro, en el que me extenderé, ha sido también muy comentado: Análisis del gasto público en Políticas Activas de Empleo. Este es especialmente importante, porque aborda la acción pública ante el problema más serio que tenemos en nuestro país y que parece hacer realidad el viejo eslogan 'Spain is different!'. Todos sabíamos que estas políticas son manifiestamente mejorables, por los resultados que de ellas se perciben y por el déficit de control y seguimiento que algunos casos han puesto de manifiesto. Ya el propio informe señala que “… los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable. La evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidad autónoma no ha sido posible…” Han señalado también la ausencia de datos suficientes para calcular los indicadores de costes de las oficinas públicas de empleo, pero han tenido la gentileza de redactar una guía para la evaluación de la eficiencia de estas oficinas, con la esperanza de su adopción generalizada. Y entre lo hallazgo hay uno especialmente interesante: la correlación –que no implica causalidad– en la relación negativa entre el nivel de desempeño de los sistemas públicos de empleo de las CCAA y sus respectivas tasas de desempleo y de paro de larga duración. Como digo, no se afirma una relación causal, como es lógico, pero no deja de ser plausible, aunque otros factores explican también el desempleo y su duración.

Pero lo sustantivo, además del bochorno para los gestores de más de 6.000 millones de euros del dinero de los contribuyentes, son las 27 propuestas de mejora que se ofrecen, buena parte de las cuales podrían ser adoptadas a muy corto plazo, si hubiese voluntad para ello por parte de los agentes de ese sistema o voluntad política para obligar a hacerlo. Quizá la última petición del diputado Iglesias fuese gestionar el sistema para no reformarlo, porque algunas de las propuestas pueden demasiado modernas y difíciles de digerir para la izquierda, que siempre tiende a creer que la única causa de que una política pública no de resultado es porque los recursos no son suficientes. Decía más arriba que cualquier cambio genera resistencia, piénsese ahora en los gestores y agentes aledaños del sistema de políticas activas de empleo, a quienes nadie ha exigido resultados hasta ahora.

Estos estudios, cuya lectura recomiendo a cualquier interesado en el gasto público, son sólo parte del trabajo, y no la más trascendente, de una institución que sólo requiere un presupuesto de siete millones de euros en 2018 (3,9 en gastos de personal). Los ahorros y mejoras de resultados que pueden lograrse de seguir sus recomendaciones van a ser un múltiplo elevado del gasto en el que incurren. La pregunta es: ¿por qué no se había creado antes? El temor, lo confieso, es que se creen 17 “Aiaref” (la segunda A es de autonómico, claro), lo que no obsta para que las Comunidades Autónomas tomen buena cuenta de la metodología de los estudios que hace esta institución estatal. Por terminar con un guiño, empezando en nuestro caso por los programas de conservación del lince: el felino más subvencionado del mundo.