El abogado del ex vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid ha pedido este miércoles la absolución para su defendido, al que en ningún caso se puede acusar de apropiación indebida al utilizar una visa que se le entregó para gastos personales dentro de su remuneración.

El letrado Miguel Bajo ha indicado que, como mucho, Arturo Fernández habría cometido administración desleal, lo que acarrearía una multa y nada más.

Es "absurdo" acusarle de apropiación indebida, ya que para que se de el caso el bien debe poseerse previamente, e incorporarse a su patrimonio de modo ilegítimo; tiene que existir un título que acredite la propiedad legítima del bien, algo que no ocurre con una tarjeta ni con su saldo.

En ningún momento, ni durante el periodo en el que fue consejero de Caja Madrid, apenas dos años, ni después, recibió Arturo Fernández comunicación alguna sobre obligaciones tributarias, ha explicado el letrado, que ha recalcado que "no hay pruebas de que no haya declarado a Hacienda las cantidades que gastó".

Asimismo, ha recordado que en cuanto supo que Bankia quería proceder a una corrección del asunto de las tarjetas depositó la cantidad desembolsada, algo más de 37.000 euros, primero en la Fundación y después en la cuenta que el FROB tenia en Bankia.

El abogado se ha referido al exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, uno de los que no llegó a emplear la tarjeta, presuntamente porque "no era una práctica bancaria aceptada", aunque en realidad lo tenia prohibido por un decreto ley aprobado por el Gobierno.

Para el letrado, el que debía ser responsable en exclusiva de cualquier irregularidad con las tarjetas es el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, que no está acusado pero al que cabe atribuir la puesta en marcha de este sistema, ha dicho.

También ha presentado hoy sus conclusiones María Jesús Díaz-Veiga, abogada de Juan José Azcona, al que en su opinión "no se le puede achacar ningún delito pues no ha habido nada ilegal, y además no hay pruebas porque el que acusa tiene que demostrarlo".

Mucho menos se puede hablar, como han hecho las acusaciones, de "compra de voluntades" con las tarjetas, ha añadido, algo absurdo cuando Azcona, que desembolsó 99.300 euros con la visa de la caja, "apenas gastó 800 euros mensuales y nunca fue empleado ni tuvo relación mercantil o laboral con la caja".

La letrada ha lamentado algunos de los calificativos empleados por el fiscal respecto a los acusados, en lo relativo a que actuaron con "rapiña" y que ellos eran "los dueños de la caja", y no había manera de controlarlos.

Díaz-Veiga ha recordado que "el dueño de una caja es la Asamblea, que aprueba los acuerdos, el mismo modo que los dueños del Banco Santander son los accionistas".