La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso contra dos ex directivos de Hacienda por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación.

En un auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial emplaza al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid a admitir la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT y contra el exdirector del Departamento de Inspección por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Según recuerdan los magistrados, la querella se dirigía contra María Dolores Bustamante, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo y su superior, Juan Manuel López Carbajo, aunque respecto al caso del último, la Audiencia archiva las actuaciones al no encontrar indicios contra él.

El sindicato denunciaba que cuando Hacienda conoció que "destacadas personas" tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Suiza a raíz de que su extrabajador Hervè Falciani proporcionara sus nombres a las autoridades francesas, optó por enviarles un requerimiento para que en 10 días presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio.

Así, se permitió que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser castigados, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación conforme a las pautas de actuación de la AEAT, por las que si la administración entiende que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial.

Sin embargo, el Juzgado de primera instancia decidió archivarla en agosto de 2013 porque, sostenía, debe existir una "resolución administrativa" para apreciar un delito de prevaricación, y la comunicación que enviaron Cervantes y Bustamante para informar a los delegados regionales de cómo proceder con los evasores no cumplía ese requisito. La Audiencia cree, por el contrario, que sí lo cumple porque esa comunicación fue "un acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general".