El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha instado al juez Fernando Andreu a que reclame a Hacienda las actas de inspección de los ejercicios 2003-2010 que demostrarían que "efectivamente se revisó" por parte de la Agencia Tributaria "la existencia" de las tarjetas opacas, "su uso y su contabilización". En un escrito remitido al magistrado, el ex banquero sostiene que esa documentación acreditaría que "se incrementaron las bases imponibles de Caja Madrid con la inclusión de, al menos, una parte significativa de tales disposiciones que se sometieron a la tributación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios inspeccionados".

También quiere "las diligencias de constancia de hechos, las actas de inspección y toda la documentación" de la inspección que se realizó en los ejercicios fiscales 2003 y 2004, y que concluyó "con un acta en conformidad" suscrita por Caja Madrid en 2007. Además, Blesa pretende que el juez de la Audiencia Nacional pida a Bankia y a Visa los "contratos marco" Bussines Plata y Bussines Oro a los que hacía referencia en su informe de auditoría interna que destapó el escándalo y que, "por razones que ignoramos", aún no ha facilitado.

"Se ha constatado" asimismo que dichos acuerdos "debieron existir" antes de 2003, por lo que considera que el juez deberá pedirlos desde 1988, cuando la caja estaba presidida por Jaime Terceiro. Y ello porque "consta documentado a través de las actas aportadas y cotejadas que los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito visa desde, al menos, desde 1988", insiste Blesa, que ya en su declaración como imputado por un delito de administración desleal insistió en que las tarjetas existían desde ese año.

Entre los contratos que reclama figura el suyo propio, que se mencionaba en el informe de auditoría como "contrato Bussines Oro Visa de 1994", año en el que "no tenía funciones ejecutivas y desde luego no era presidente de la entidad". "Resulta esencial al derecho de defensa y a la instrucción de la causa que obren en el procedimiento los citados soportes contractuales para poder examinar cuándo y cómo se formalizó la emisión de tales tarjetas Visa, y las condiciones generales y particulares" que contienen esos documentos.

Por último, requiere que pregunte al FROB, a la Fundación Caja Madrid y a la Fiscalía quiénes de los beneficiarios han devuelto las cantidades de las que disfrutaron con sus visas "o han pretendido efectuar ingresos con este carácter". "En todo caso", Blesa vuelve a negar la "eventual opacidad en el tratamiento corporativo, fiscal o contable" del uso de las tarjetas que investiga el juez en un pieza separada del caso Bankia y por el que le impuso una fianza civil de 16 millones, cifra equivalente a lo gastado por los beneficiarios de las tarjetas bajo su mandato, más el 25% mínimo de más establecido en la ley. Aunque Blesa recurrió alegando que no debería afrontar los gastos del resto de titulares y que varios de ellos habían restituido las cantidades percibidas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de Andreu, quien además ordenó el embargo de todo su patrimonio al no haber prestado la fianza.