Ante el Tribunal de Justicia de la UE, el letrado del ejecutivo comunitario Ramón Vidal Puig denunció que, con la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la actuación posterior de este organismo, el Gobierno español sólo trata de impedir que la toma de decisiones en las compañías energéticas se traslade a otros países.

"Pero ese riesgo es inherente al mercado interior", señaló el abogado, quien agregó que, para impedir el traslado de empresas hay medidas más adecuadas, como fijar unas inversiones mínimas en el país o incentivar la actividad y la inversión.

Vidal Puig expuso ante la corte europea los argumentos de la Comisión Europea, que denunció a España por la extensión de los poderes de la CNE, aprobada de urgencia en marzo de 2006, tras conocerse la intención del grupo alemán de entrar en el capital de Endesa.

La norma establece un mecanismo de autorización previa para la adquisición de una participación significativa (de más del 10% o que conceda capacidad de decisión) en empresas españolas que operan en mercados regulados.

En virtud de esas nuevas competencias, el regulador español evaluó, entre otras, las opas sobre Endesa de E.ON y Enel y Acciona, y les impuso condiciones.

Bruselas considera que la nueva regulación de la CNE, y en concreto la función decimocuarta, restringe los principios comunitarios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

Por parte del Gobierno, la abogada Nuria Díaz Abad rechazó que la modificación legislativa viole la normativa comunitaria y recalcó que el mecanismo de control previo sólo persigue asegurar el aprovisionamiento energético y salvaguardar la situación patrimonial de las empresas que operan en sectores regulados.

"La posibilidad de que el Gobierno analice operaciones en el sector energético debe mantenerse", recalcó, para así garantizar el suministro.

La letrada hizo hincapié en que en Europa "no existe un mercado interior de la energía", a lo que se une la especial posición de España, "una isla energética", debido a sus limitadas conexiones y a que carece de gas en su territorio.

Díaz Abad negó categóricamente que España ponga trabas a las empresas extranjeras y recalcó que la opa de E.ON quedó sin efecto "porque los accionistas no la aceptaron".

Recordó, además, que la función decimocuarta se ha aplicado desde marzo de 2006 a más de treinta operaciones, de las que sólo seis implicaban a empresas extranjeras.