Economía

La CE propone multar a España con 18,93 millones de euros por negligencias en el déficit de la Comunidad Valenciana

  • El Ejecutivo comunitario señala que las autoridades valencianas cometieron "serias negligencias, pero no hubo manipulación" de esas estadísticas.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto multar a España con 18,93 millones de euros por las "serias negligencias" cometidas por la Comunidad Autónoma de Valencia al elaborar sus estadísticas sobre el déficit y comunicárselas a Eurostat. "La CE ha decidido proponer que se multe a España con 18,93 millones de euros", explicó la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, que precisó que "las autoridades españolas colaboraron plenamente en la investigación" realizada por la oficina europea de estadísticas Eurostat.

Agregó que el Ejecutivo comunitario ha adoptado su decisión por procedimiento escrito y señaló que como resultado de las pesquisas, las autoridades valencianas cometieron "serias negligencias, pero no hubo manipulación" de esas estadísticas. "Las estadísticas fiables son necesarias para hacer buenas políticas. La CE, por el bien de todos los europeos, está dispuesta a utilizar todos sus poderes y a tomar todas las medidas que aseguran que las bases sobre las que se realizan las políticas son fiables", afirmó Thyssen.

Subrayó también que "una política fiscal saneada es la base del crecimiento económico y la estabilidad, y la base de una política económica estable son los datos fiables. Esa es una lección que ya saben que hemos aprendido en los últimos años por la vía más dura y que todavía hoy pagamos el precio". "Valencia envió información incorrecta de sus gastos sanitarios a las autoridades estadísticas gubernamentales españolas, y como resultado, durante un largo periodo de tiempo, los datos enviados por España a Eurostat para el procedimiento sobre déficit excesivo no eran plenamente correctos", dijo la comisaria.

Precisó que el montante de deuda de la que se informó incorrectamente por las autoridades de Valencia, en concreto por la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV), fue del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Thyssen indicó que esas negligencias en la información sobre los datos se habían producido desde 1988, pero no fue hasta 2011 cuando la CE tuvo nuevos poderes para poder tratar ese tipo de problemas, por lo que la investigación afecta únicamente a 2011-2012. "Desde entonces los datos españoles se han reflejado en Eurostat sin reserva de ningún tipo", dijo.

Bruselas abrió en julio de 2014 una investigación formal sobre una "posible manipulación" de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas, referidas a gasto sanitario. La CE dijo entonces que iba a examinar si la información errónea fue publicada de manera "deliberada" o si fue "una grave negligencia" en la declaración de los gastos de la región para ver si esto pudo tener un impacto en los datos oficiales de déficit y deuda "durante varios años".

Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012, después de descubrir facturas sin notificar en Madrid y Valencia, lo que llevó a España a elevar en un 0,4% del PIB su déficit correspondiente a 2011. Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid "podía ser considerado como un ajuste excepcional", mientras que en el de Valencia, por el contrario, "había razones para preocuparse", explicó en julio de 2014 la CE. En noviembre de ese año España presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso que solicitaba anular esa investigación y alegaba que no existían "indicios serios de la existencia de hechos constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda".

Thyssen explicó que esa "seria negligencia" hizo que "durante años" la información sobre la deuda española entregada a Eurostat no fuera correcta. Argumentó que por ello "la CE considera justificado pedir al Consejo (de la UE) que imponga una multa", dijo la comisaria europea que precisó, que serán los Veintiocho quienes tomarán la decisión final al respecto. También explicó que el montante de la multa se ha rebajado en consideración a la total colaboración de las autoridades españolas y que éstas tomaron medidas como reforzar el escrutinio sobre los datos regionales.

Otros elementos de mitigación que el Ejecutivo europeo ha tenido en cuenta han sido que "el impacto material de la mala información ha sido limitado y no tuvo efectos sobre la posición total de las cuentas españolas". Explicó que también se ha tenido en cuenta que la "seria y grave negligencia" solo fue cometida por la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV). Este caso ha sido el primero en el que la CE ha recurrido a sus nuevas competencias, reforzadas en el paquete legislativo conocido como Six Pack, de supervisión macroeconómica, para investigar las sospechas sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en un Estado miembro.

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