La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado que la reforma fiscal elaborada por el Gobierno sea "más audaz" y evite que las empresas estén "siempre bajo sospecha" para la administración tributaria, lo que permitiría poner fin a la "inmensa litigiosidad" que se da actualmente. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes, Manuel Ángel Martín, han presentado el informe elaborado por un grupo de trabajo sobre fiscalidad en el que se concluye que la propuesta del Gobierno "no es una reforma integral" y presenta "poco rigor" al no avanzar en temas que han considerado "estratégicos".

González de Lara ha afirmado que es "prioritario" simplificar la relación entre administración tributaria y empresa, convirtiéndola en algo "mucho más fluido" donde los empresarios "no solo son colaboradores sino sostenedores de un modelo y un sistema", ha enfatizado. "El empresariado no puede estar como ahora permanentemente bajo sospecha", ha denunciado el presidente de la CEA, que ha criticado el número de revisiones al que se enfrentan y la "inmensa litigiosidad" a la que dan lugar, algo que ha dicho "no recordar que se haya producido de forma tan elevada en los últimos años en España".

A juicio de González de Lara, el objetivo de la reforma fiscal debe pasar por "generar entornos competitivos para facilitar la propia competitividad de las empresas", que en momentos de crisis como los actuales se encuentran con que una de las "grandes trabas" para su resurgimiento es la "elevada presión fiscal". Ha lamentado que se haya quedado fuera del proyecto de reforma lo relacionado con la reducción de los costes laborales derivados de las cotizaciones sociales, que "son un impuesto sobre el empleo que roza el 40 por ciento de la carga bruta salarial", ha resaltado el presidente de los empresarios andaluces.

"Lo decimos una y mil veces: no hablamos de reducir el coste del despido, lo que queremos es que sea más barato contratar", ha apuntado González de Lara, que ha lamentado que se siga "sin asumir con valentía ese argumento, como en su momento se prometió por parte del Gobierno de la nación" y ha tildado de "urgente" reducir las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.

En su opinión, aunque los decretos leyes que están ahora en tramitación parlamentaria "van en buena dirección", quedan por determinar cuestiones "básicas" como el desarrollo normativo en torno al modelo de financiación autonómica y el no incremento de la dispersión de las cargas fiscales del territorio. "Hay un enorme riesgo de fractura de la unidad de mercado derivada de la aplicación descoordinada de la imposición que se cede a las comunidades autónomas", ha alertado González de Lara, que ha reclamado que se garantice la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, junto a homogeneizar criterios interpretativos y avanzar en simplificación y agilización administrativa.

En cuanto a Andalucía, el líder de los empresarios ha advertido sobre la urgencia de "evitar las fugas de talentos e inversión" hacia otros territorios autonómicos, que responden directamente a su juicio a "consideraciones de índole fiscal, en particular por sobreesfuerzos exigidos en impuestos estatales cedidos". Por ello ha apostado por desarrollar en la comunidad "una política fiscal propia que, armonizada con el conjunto del territorio nacional y a través del estímulo de la actividad productiva, se dirija a dinamizar y favorecer la creación de empleo y de riqueza, así como la atracción de inversiones extranjeras".