Cajasol quiso zanjar ayer con un comunicado oficial la polémica surgida en torno a las anomalías que el Banco de España detectó, durante una inspección realizada a mediados de 2006, en la gestión de El Monte -ahora fusionada con Caja San Fernando en Cajasol-, coincidiendo con la presidencia de José María Bueno Lidón. Según el comunicado, en el que se detallaban los pasos dados por la entidad para responder a los diferentes requerimientos del órgano supervisor y defender sus intereses, El Monte habría sido víctima de un daño patrimonial de 23,64 millones de euros.

Ésa es la cifra a la que se apunta en las demandas civiles interpuestas por la caja que preside Antonio Pulido contra el ex director general de Caymasa José Leal y una sociedad patrimonial de su familia, la sociedad Old New Investment (familia Sanahuja), Bueno Lidón y el ex director del Grupo Empresarial El Monte José Selfa. De acuerdo con la nota de Cajasol, estas demandas y el resto de las iniciativas llevadas a cabo para normalizar la situación fueron aprobadas en consejo de administración "por unanimidad".

Por otra parte, reconoce que el Banco de España llegó a analizar 99 operaciones de inversión y desinversión acometidas en El Monte, pero que tras la auditoría de PricewaterhouseCoopers y el informe jurídico de Garrigues, el análisis se circunscribió a ocho transacciones, de las que sólo tres podían ser objeto "del ejercicio de acciones de responsabilidad, en distintos niveles" -las irregularidades del ex director de Caymasa y la venta de participaciones en HC y Soto de Paniagua-.