El Pleno del Congreso ha aprobado, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de las pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios. De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.

En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma "no tendrá larga vida" y será derogada cuando haya cambio de Gobierno. Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir "volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate", por lo que ha instado a la oposición a "arrimar el hombro". En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.

Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25% para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.

Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad, que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas. No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.

Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una "maniobra" para "consumar la muerte del sistema público de pensiones". En este tiempo, el proyecto de ley sólo incorporó cuatro enmiendas del PP.

Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones. En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. "El barco se mantendrá siempre a flote" llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son "absolutamente necesarias" para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.

Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20% del gasto total de las pensiones contributivas.