La construcción y la energía han sido los sectores que más han acusado el efecto de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 24 de mayo en España, que dieron como resultado el auge de las candidaturas populares, que podrían poner en peligro planes urbanísticos ya proyectados o contratos públicos en vigor. Según varios analistas, el nuevo escenario político que se dibuja en España tras las citadas elecciones puede dejar en el aire operaciones inmobiliarias que ya habían sido diseñadas en las principales capitales de España.

Un ejemplo de esto es la operación Chamartín, valorada en 6.000 millones de euros, que lleva más de 20 años esperando y que en esta última legislatura del PP en Madrid se había reactivado. Sin embargo, ahora todo apunta a que esta operación no saldrá adelante ante una posible coalición entre Ahora Madrid y PSOE, dos fuerzas políticas que han forjado su programa electoral en torno a medidas de carácter social y no en inversión urbanística.

Esto habría propiciado, en parte, el desplome bursátil de las constructoras, muy superior al 2,91% del Íbex la semana pasada. OHL fue el valor más bajista de toda la bolsa española en el acumulado de lunes a viernes, al caer el 11,40%, aunque en esta ocasión influyeron también los escándalos sobre su filial en México.

No obstante, los valores más bajistas en la semana fueron otras dos constructoras, FCC, que se dejó un 10,86%, y Sacyr, un 6,97%. Pérdidas que, según los expertos, podrían continuar a la espera de que se acaben de formar gobiernos. Al igual que a las constructoras, a las compañías de energía también les han afectado las dudas sobre el nuevo escenario político y el temor a que nuevos dirigentes supriman contratos o tomen medidas que afecten al sector, como las de la candidatura de Barcelona en Comú, que podría gobernar el Consistorio de la ciudad condal. La formación plantea auditar las facturas de la luz, agua y gas, lo que supone una mayor vigilancia sobre un sector ya de por sí muy regulado.

El analista de Self Bank Felipe López-Gálvez explica que el sector eléctrico es uno de los "más sensibles" a los resultados electorales, ya que sus empresas "tienen una fuerte dependencia del marco regulatorio", lo que explicaría unas caídas en Bolsa que podrían ampliarse durante un largo periodo de tiempo. El mejor ejemplo es Endesa, una compañía energética con buena parte de su negocio en España, y que ha sido una de las más castigadas desde que se conocieron los resultados electorales. El resto de eléctricas ha "capeado mejor el temporal", como consecuencia de un negocio más diversificado, explica López-Gálvez. Aun así finalizaron la semana en números rojos, encabezados por la caída del 4,83% de Endesa y seguidos por el 3,71% de Enagás y en menor medida por Iberdrola y Gas Natural, que descendieron el 1,42 y el 1,06%, respectivamente.

En el futuro, a medida que se vayan formando gobiernos, también podría verse afectado el sector financiero, apuntan desde otra casa de análisis. Y es que, según indican, el ascenso al poder de algunos partidos de izquierdas tendría impacto en el negocio de este sector, pues algunas medidas pensadas en proteger a los ciudadanos tendrían un coste para las entidades. Algunas de las candidaturas populares que previsiblemente alcanzarán el poder incluyen en sus programas sanciones a los bancos que cuenten con viviendas vacías o la creación de una banca pública, que aglutine a todas las entidades que fueron nacionalizadas.

Las entidades españolas que se podrían ver más afectadas si se implantan este tipo de medidas serían aquéllas que cuentan con la mayor parte de su negocio en España. Al margen de las tensiones sobre la situación en Grecia, en la semana de resaca electoral el Popular fue la tercera compañía del Íbex que más perdió, un 5,86%; por encima de Bankinter, un 3,51%; Bankia, un 2,56% y Sabadell, un 2,28%.

Por su parte, la analista de gobiernos regionales y locales de España de Moody's Public Sector Europe, Marisol Blázquez, asegura que el resultado de las elecciones municipales y regionales no va a influir en su valoración de la solvencia de estas administraciones, porque aún es "pronto" para concluir si un Gobierno de izquierdas se va a "comportar peor" que un Ejecutivo de derechas.