En la última década se ha avanzado mucho en transparencia fiscal internacional, ya que el miedo al terrorismo ha llevado a fiscalizar los flujos de dinero. Las entidades financieras españolas han dedicado medios cuantiosos para implantar controles y prevenir el blanqueo de capitales, dentro de una colaboración a la que, con más o menos entusiasmo, se han ido incorporando muchos países.

Hay que distinguir entre prácticas fraudulentas y la utilización de mecanismos legales en países o colonias, por los que se busca reducir la carga impositiva de beneficios, derechos de imagen, u otros ingresos. A veces ambas coinciden, porque el dinero irregular se blanquea también a través de esos territorios, que para cuidar la imagen colaboran en temas de terrorismo o de bloqueos, pero no de evasión fiscal. Que beneficios, derechos o ingresos que se generan en un país paguen menos o nada en otros países o colonias es lo que desde hace años llena de irritación a los ciudadanos que soportan el peso fiscal de la crisis. El mapa del mundo que aparece en el informe de la organización Transparencia Internacional" es oscuro; sólo el norte de Europa, Canadá, Australia y un diminuto Uruguay, brillan; Estados Unidos y algunos países europeos, presentan sombras, como España. Sin embargo, pese a la crisis de confianza por la que pasa, nuestra Unión Europea puede ser quien impulse la construcción de un sistema mundial fiscal transparente.

Primero, dentro de la Unión Europea deberíamos establecer un abanico de máximo y mínimo del impuesto de sociedades, para irlo cerrando y evitar juegos de domiciliaciones en países donde gravan menos. Segundo, como regla general, en un acuerdo internacional debería considerarse que los impuestos se pagan principalmente donde se desarrolla la actividad económica. Tercero, un protocolo contable internacional podría limitar las cargas ficticias por marca, asesoramiento, y otros costes que hacen aumentar el beneficio en el país refugio fiscal, y disminuir donde se genera la actividad. Cuarto, los intereses de préstamos entre empresas de un mismo grupo en países distintos, se considerarán deducibles sólo si el préstamo sirve para una inversión productiva. Quinto, cualquier transferencia a países que no proporcionen una información fiscal de manera fluida debería gravarse a un tipo elevado: un 30% sería adecuado; Estados Unidos se considera hoy un refugio, ya que no da regularmente información fuera. Sexto, habría que exigir a Gran Bretaña que dejara de dar cobertura a colonias como las Islas Vírgenes, donde se sustancian las empresas que se crean en Panamá; o Gibraltar, que nos causa el perjuicio fiscal de millones de cajetillas de tabaco que importa anualmente para el contrabando. Séptimo, habría que dejar de reconocer fiscalmente a países y colonias que permiten la creación de empresas sin objeto económico. Y, por último, aunque no menos importante, los partidos políticos -todos- deberían reflexionar sobre el maltrato fiscal que se da a las rentas del trabajo, autónomos, y pequeños empresarios, tanto en sus ingresos corrientes como en sus intentos de ahorrar algo a largo plazo.