La sexagésima cuarta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró a comienzos de 2010 que el año actualmente en curso, 2012, sería considerado por este organismo supranacional Año Internacional de las Cooperativas. Bajo el lema Las empresas cooperativas ayudan a crear un mundo mejor, se adoptó esta iniciativa con tres objetivos concretos: generar mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social; fomentar su constitución y crecimiento; y alentar a los gobiernos y reguladores para que adopten políticas adecuadas en beneficio de esa fórmula socioeconómica.

En este sentido, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que "con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles". Varias comunidades autónomas españolas se han adherido a esta declaración.

Andalucía mantiene una posición de liderazgo en este ámbito, tanto en el número de empresas como en el volumen de profesionales que éstas emplean. Así, de las 22.000 cooperativas que operan en el conjunto de España, casi 4.300 son andaluzas: el 19,5%. Del mismo modo, 55.700 de los 290.000 trabajadores que emplean las cooperativas españolas realizan sus funciones en la comunidad autónoma andaluza: un 19,2% del total nacional. Si se observan las cifras del conjunto de la Economía Social, el liderazgo absoluto de Andalucía en el conjunto de España es incuestionable, con casi 7.500 empresas y más de 71.000 empleados: el 21% y el 19,6% del global del Estado, respectivamente.

El artículo 2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, que las regula, define a las cooperativas como "empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad, y en la que sus miembros, además de participar en el capital, lo hacen también en la actividad societaria". Existen además una serie de principios ilustrativos, once en total, que marcan la singularidad de este tipo de empresas frente a las sociedades de carácter netamente mercantil: entre ellos se encuentran la estructura, gestión y control democráticos; igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias; la intercooperación empresarial; y el fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar. El profesional, en consecuencia, se erige como centro de la actividad cooperativista, dándose lugar a una concepción de la empresa enfocada hacia el capital humano.

Actualmente, más del 80% de los municipios andaluces poseen en su término municipal al menos una empresa de la Economía Social, donde las cooperativas cuentan con amplia tradición. Aparte de la función económica, estas empresas realizan una importante labor social, pues al situar al trabajador en el centro de su actividad el mantenimiento del empleo resulta prioritario y menor el impacto de la crisis económica internacional -los porcentajes de destrucción de empleo son sensiblemente menores en las cooperativas que en las empresas de carácter mercantil-. Por consiguiente, en torno a las cooperativas siempre se ha producido una fijación de la población en zonas rurales, ámbito geográfico al que solían circunscribirse este tipo de empresas.

Sin embargo, en los últimos treinta años se ha producido una revolución en el ámbito cooperativo, que si bien no ha perdido su esencia, sí ha evolucionado hasta situar a Andalucía en la posición de liderazgo internacional que ahora ocupa.

pacto social.

Los sucesivos pactos por la Economía Social, que actualmente alcanzan su tercera edición, han permitido inyectar recursos a la creación y mantenimiento del empleo cooperativo, incrementar el número de empresas y otorgarle visibilidad al sector, gracias a la colaboración de administraciones, organizaciones sindicales y de Cepes Andalucía.

Las cifras avalan esta iniciativa. Así, desde que en 2002 se puso en marcha el I Pacto Andaluz por la Economía Social, el empleo se ha mantenido en el sector pese a la actual coyuntura de crisis.

La nueva Ley de Cooperativas y el mencionado Pacto por la Economía Social han permitido el desarrollo de políticas activas de fomento del cooperativismo, la implantación de líneas de apoyo económico y la progresiva modernización del sector. Asimismo, ha sido fundamental la constitución de asociaciones y federaciones cooperativistas, que han unido sus esfuerzos en beneficio de esta concepción democrática de la economía.

Los resultados de esta combinación entre foros de diálogo y gestión cercana y eficiente no tardaron en llegar. Las cooperativas han dejado de ser empresas de carácter agrícola y ganadero establecidas en zonas eminentemente rurales para transformarse en sociedades establecidas en todo tipo de municipios, y dedicadas a tareas tan diversas como las energías renovables, la ingeniería de sistemas o la asesoría, sin olvidar la importancia que la agricultura y la ganadería siguen teniendo. Por otra parte, cada vez hay más emprendedores que optan por crear cooperativas como vía para el autoempleo: así, en 2011 fueron 447 las cooperativas y sociedades laborales creadas en la comunidad autónoma.