Economía

El Ejecutivo dice haber detectado medio millón de infracciones en el subsidio de desempleo

  • Pese a que Sáenz de Santamaría ha hablado de fraude, la mayor parte de esos cobros indebidos corresponden a sanciones de un mes por problemas administrativos. El Ejecutivo asegura que la lucha contra el fraude ha tenido un impacto de 22.500 millones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada por si el Gobierno piensa acometer alguna reforma para combatir el fraude en el paro, una vez conocido que entre enero de 2012 y junio de 2013 se detectaron más de 500.000 desempleados cobrando indebidamente prestaciones, lo que ha generado al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros. Según datos del Ministerio de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045. En ese flujo constante de entradas y salidas a la prestación por desempleo transcurrido en ese año y medio, el Ejecutivo ha detectado a 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación, lo que ha permitido ahorrar 3.161 millones de euros en el pago de las prestaciones.

El Gobierno matiza la cifra

Horas después de las declaraciones de la vicepresidenta, en la referencia del Consejo de Ministros publicada en la web de La Moncloa se ofrece un cambio significativo. No se habla de fraude o falsos parados, sino de desempleados sancionados con la retirada de la prestación por un periodo de uno a seis meses por problemas administrativos: "La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda. Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción", indica La Moncloa en su web.

Según ha informado después el Ministerio de Empleo, las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa en el cobro de la prestación por desempleo han dado lugar en un año y medio a la retirada de 159.793 prestaciones, el 30,7% de las sanciones impuestas en el periodo de enero de 2012 a junio de 2013. La retirada de la prestación es la sanción que se impone a las faltas muy graves que presuponen un actuación fraudulenta por parte del beneficiario, como compatibilizar la prestación con un trabajo o falsear datos para obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan.

Según los datos del Ministerio de Empleo, en el mismo plazo se suspendió entre uno y seis meses el cobro de 360.779 prestaciones por infracciones leves o graves, entre ellas no asistir a las oficinas de empleo en la forma y fecha que se determine, no renovar la demanda de empleo, no comunicar la baja en la prestación cuando se dejen de reunir los requisitos o rechazar una oferta de empleo adecuada. Durante año y medio se han puesto 520.572 sanciones a otros tantos perceptores de prestaciones por desempleo. 336.623 se corresponden con el año 2012 (99.789 retiradas de la prestación y 236.834 suspensiones), en tanto que las otras 183.949 son del primer semestre de 2013 (60.004 retiradas y 123.945 suspensiones).

Lucha contra el fraude

La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013. Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo. De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas.

También se han desarrollado actuaciones para frenar el fraude en otro tipo de prestaciones, como las de discapacidad o incapacidad temporal, que han generado un ahorro de 408 millones. Además, se han detectado actividades no declaradas a la Seguridad Social por valor de 1.714 millones. Las inspecciones a empresas ficticias, por su parte, han sumado 35.761 procesos y han generado 557 millones. A estos datos hay que sumar, ha indicado la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la amnistía fiscal y en 87.700 millones, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero, que hicieron 131.411 contribuyentes.

Santamaría ha resaltado la importancia de la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, en este mismo periodo, han desarrollado cerca de 700 operaciones destinadas a este fin que han permitido detener o imputar a más de 3.000 personas. Asimismo, ha destacado el papel de España en las iniciativas internacionales, lideradas por el acuerdo con EEUU y seguidas por otros convenios firmados con multitud de países para evitar la doble imposición y fomentar los intercambios de información. 

Por otro lado, la vicepresidenta se ha referido al esfuerzo del Gobierno para controlar las deudas tributarias adelantando la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos tributarios para evitar que la duración del proceso permitiera a los investigados ocultar sus bienes. En este año y medio, según ha avanzado, se han implementado 9.953 medidas cautelares. Asimismo, ha resaltado el trabajo en la lucha contra el contrabando de tabaco, y ha asegurado que a lo largo del año 2012 el Gobierno se incautó de más de 8,7 millones de cajetillas de tabaco. En lo que va de 2013, se ha incautado de 3,9 millones de cajetillas y por primera vez se ha intervenido una factoría clandestina de tabaco.

Tras presentar las cifras, la vicepresidenta ha repasado algunos de los cambios introducidos por el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude, como la firma de nuevos convenios, la reforma del Código Penal o el aumento de efectivos de la Agencia Tributaria destinados a este fin. En este sentido, ha recordado que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,8% el año pasado y han superado con creces las expectativas del primer semestre de 2013. A su parecer, las cifras merecen una "valoración muy positiva" porque el Gobierno se marcó la lucha contra el fraude como un "elemento clave", tras detectar una reducción "importante" de bases tributarias y ante la necesidad de luchar contra formas novedosas de fraude.   

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