PALO y zanahoria. De manera elegante, cordial, si se puede, los presidentes de Unicaja y Cajasol van a recibir algo más que recomendaciones en las próximas semanas. Se pretende que espabilen en el proceso de convergencia entre las dos principales entidades financieras de Andalucía. El arma de presión en manos del Gobierno regional es el Boletín Oficial. Hay que adaptar la ley autonómica de cajas a la Lorca y se puede jugar con los límites de mandato de tal manera que la continuidad de los presidentes en el cargo puede ser mayor, menor o igual que ahora. Semejante maldad nadie la suscribiría en público. Pero suena en privado. De momento, en la Consejería de Economía no hay prisa. Se prepara el borrador con todo detalle. Han pedido a los presidentes de las cajas su opinión sobre los cambios. Se esperan las sugerencias de Medel y Pulido; también del granadino Jara, con el que el presidente de la Junta mantiene una excelente relación. Hay quien asegura que es el cajero con el que mejor de entiende José Antonio Griñán a nivel personal.

El Gobierno andaluz tiene seis meses para modificar la ley autonómica, desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley orgánica de Regulación de las Cajas de Ahorro el 14 de julio. El plazo termina el 14 de enero. La Junta tiene tres posibilidades para encarar su adaptación: un proyecto de ley de lectura única, por el trámite de urgencia; un apartado dentro de los presupuestos generales de la comunidad para 2011, o por decreto. A día de hoy parece imponerse esta última opción.

En el PSOE se considera "ideal" que para cuando se modifique la ley andaluza de cajas haya un protocolo de intenciones para la fusión entre Unicaja y Cajasol. Unicaja celebrará en Jaén un consejo de administración el 16 de octubre. En esa reunión Braulio Medel informará sobre el estudio técnico que ha encargado al Boston Consulting y fuentes de la caja malagueña creen que "se podría avanzar". Cajasol, por su parte, espera un informe de KPMG.

El problema fundamental en Unicaja es que una mayoría del consejo está en contra de una fusión en plano de igualdad con Cajasol. "Y más después del test de estrés que ha marcado una diferencia clara entre ambas", dicen. Si se pretende una fusión paritaria, entonces se podría utilizar un sistema institucional de protección propietario de una ficha bancaria en la que ambas entidades tengan parte de su patrimonio, en plano de igualdad. Entidad que no sería el Banco Europeo de Finanzas, del que todavía son accionistas Cajasur y Cajagranada.

El presidente de la Junta tiene otras preocupaciones. Ahora pretende, con razón, que el Gobierno aplique a las comunidades autónomas el mismo criterio de endeudamiento que a los ayuntamientos. Andalucía se vería beneficiada. Su deuda acumulada a finales de 2009 era el 41% de sus ingresos corrientes, mientras la media nacional es del 66,4%. Y hay regiones como Baleares (125,5%), Valencia (124) o Cataluña (108) disparadas. Es injusto que situaciones tan diferentes se solventen con un objetivo de estabilidad igual para todos: 1,3% de deuda respecto al PIB regional en 2011 y 2012 y 1,1% en 2013.

Griñán es muy beligerante en este asunto, pero está de perfil en el de la huelga general del 29 de septiembre. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, considera que lo peor de la reforma laboral aprobada en el Congreso son "las causas de despido objetivo, que dejan indefenso al trabajador". En su opinión "ahora una empresa podrá despedir con 12 días por año trabajado, porque los otros ocho hasta los 20, cuando prevea pérdidas, se los subvencionan; así es muy barato deslocalizar una gran empresa y eso genera miedo e inseguridad".

El dirigente de CCOO añade un dato con el propósito de desmentir la teoría de la Andalucía subsidiada: "Aquí va a haber más empleo precario, un capítulo en el que ya estamos diez puntos por encima de la media nacional; la prueba es que el desempleo contributivo lo cobran unos 250.000 parados del 1.100.000 de la EPA; un 32%, mientras la media nacional es del 45%. Y en Cataluña (62%), Madrid (63) o el País Vasco (61) el porcentaje es prácticamente el doble".

La Confederación de Empresarios de Andalucía tampoco está conforme con la reforma. Antonio Carrillo, secretario general de la CEA, lamenta que no se regule el despido disciplinario y no se rebajen los costes de la Seguridad Social. Y el despido objetivo tampoco le satisface, "porque seguirá siendo básicamente resuelto en los tribunales". Por el contrario celebra que se abra la puerta a las agencias privadas de contratación y se dé un impulso a las ETT (empresas de trabajo temporal) que en Andalucía tienen una actividad escasa, menos de la mitad que la media nacional. "Aquí el 6,1% de la contratación se produce a través de ETT, mientras que en España el porcentaje es del 14,8".

Dos multinacionales, cotizadas en el Íbex-35 y presididas por andaluces son noticia. Antonio Hernández Callejas, presidente Ebro Foods, está muy satisfecho con la entrada en el capital de su compañía de la familia March, a través de holding inversor Corporación Financiera Alba. Alba se ha hecho con el 5,2% del capital de Ebro por 114 millones. La parte principal de este paquete era el resto de lo que tenía Caja Duero, que desde hace nueve meses está vendiendo en el parqué su participación accionarial, lo mismo que Caja España, a la que todavía le queda un 3%. Los March se suman a la familia Del Pino, propietaria mayoritaria de Ferrovial, que a través de su sociedad Casa Grande de Cartagena tiene más del 6% de Ebro. Y la familia Carceller, a través de la Corporación Damm tiene en torno al 10%. Lo que significa entre los Hernández, los Carceller, los Del Pino, los March y la SEPI hay un núcleo estable en la empresa que controla más del 45% del capital.

"Se trata de socios de primer nivel, serios, con capacidad económica y vocación de largo plazo. Esto acaba con cualquier tipo de incertidumbre. Estamos encantados con la participación de la SEPI [un 8,8% del capital] pero si el Estado tuviera que vender por problemas de liquidez, ese paquete se colocaría en 15 minutos, sin problemas". Antonio Hernández considera que con esta operación se acaba con la incertidumbre que generó que las dos cajas de ahorro anunciaran que ponían a la venta 17 millones de acciones.

La otra empresa de actualidad es Abengoa. De las 300 personas que participan en el rescate en la Mina San José en Chile, 25 son de la compañía presidida por Felipe Benjumea. Era un equipo que estaba trabajando en la construcción de una subestación eléctrica para la Corporación Nacional del Cobre de Chile y se ofreció para ayudar. Los tubos por los que se suministran agua, comida, ropa, medicamentos y utillaje a los mineros son mantenidos y operados por el personal de la empresa española.