Los impuestos figuran entre los muchos protagonistas de esta crisis económica, que apenas está dejando a títere con cabeza. Así, mientras la Administración saca la lupa para buscar cualquier resquicio que le permita alimentar su maltrecha recaudación, los empresarios no saben cómo hacer frente a la presión fiscal en un entorno de caída de beneficios y ventas. Para el caso de éstos últimos, Álvaro Silva, socio de Garrigues y responsable del área fiscal de esta firma en Andalucía Occidental, asegura que la clave está en hacer una buena gestión de las tasas que pagan.

-¿Es la presión fiscal saludable para el crecimiento económico?

-No es que sea saludable, es necesaria. Y debe gestionarse bien para asegurar la capacidad de generación del sistema productivo, sobre todo en tiempos de crisis como los que atraviesa España, en los que esa presión suele subir por la caída de la producción y el peso de la imposición indirecta, frente al retroceso de la riqueza.

-¿Cómo ve las rebajas fiscales aprobadas últimamente por el Gobierno? ¿Ayudarán realmente a la reactivación económica?

-El problema en España es que esas rebajas han llegado tarde, y nos hemos limitado a adecuarnos a lo que ya se hacía en otros países. Por ejemplo, hasta hace dos años no se decidió reducir el Impuesto de Sociedades al 30%, poniéndonos con ello al nivel de los países desarrollados. Pero, ¿es verdaderamente con esos países con los que compite España por la captación de inversión extranjera? ¿Compite con Francia o el Reino Unido? En realidad, lo hace con países como los del Este de Europa, donde ese impuesto se mueve en una horquilla de entre el 15% y el 20%.

-¿Ha tenido alguna incidencia la deducción de 400 euros del IRPF?

-La sensación que tengo es que ha sido una medida sin mucho efecto sobre el consumo de los contribuyentes, que era su objetivo.

-La caída de la recaudación es una realidad más que palpable, ¿de qué modo puede afectar eso a la política social del Ejecutivo?

-Si no se recauda, no se puede gastar, y menos aún si la alternativa es el endeudamiento, compitiendo con un sector privado que también necesita financiación. La mejor opción es aplicar mejor lo que tenemos, y eso no significa gastar más.

-¿Debería revisarse la política fiscal y adaptarla a la coyuntura?

-Probablemente, ayudaría la aprobación de incentivos a la vivienda y la contratación, la reducción de las cuotas de la Seguridad Social..., pero eso sólo contribuiría a pasar mejor el bache, no a superarlo.

-La inversión cayó en el segundo trimestre por primera vez en 12 años, ¿no habría que incentivarla?

-Los incentivos fiscales a la inversión no son muy útiles en coyunturas como ésta, porque recaen sobre el Impuesto de Sociedades y, si no hay beneficios empresariales, no tienen mucho sentido.

-¿Qué cree entonces que ayudaría a nuestra economía?

-Pues todo aquello que mejore la tesorería de nuestras empresas. Los impuestos también son susceptibles de una gestión eficaz por parte de los empresarios. Muchos de ellos no están haciendo uso de la compensación de cuotas sobre el IVA entre empresas del mismo grupo, de las medidas que hay para agilizar la devolución de ese impuesto, de los aplazamientos en los pagos...

-Y un Estado que recauda menos, ¿no pondrá trabas a eso?

-Todo está recogido en la ley, pero es cierto que en la práctica se aprecian ciertas reticencias y que las inspecciones de Hacienda son cada vez más duras. Lo que no recomiendo es que la gente se tire a no pagar a Hacienda a las bravas, porque puede conllevar castigo penal. Hay que agotar los límites que la ley te ofrece ante situaciones de crisis financiera. Por ejemplo, una empresa que no pueda pagar un acta sólo evitará su ejecución garantizando la deuda y, si no tiene dinero para garantizarla, puede hacerlo con una hipoteca sobre inmuebles, empresas u otros bienes e, incluso, lograr una dispensa de garantía si está en una situación muy complicada.

-En esa gestión financiera de los impuestos que usted recomienda, ¿qué aspectos considera que no pueden perderse de vista?

-Pues calibrar no sólo los riesgos propios, sino también los que puedan venir de fuera. Una buena práctica sería repasar los costes tributarios, ver si están bien calculados, qué se está pagando en concepto de tasas públicas y qué servicios se están recibiendo por ello... En cuanto a los riesgos que puedan venir de fuera, hay que estar atentos en situaciones como la adquisición de un inmueble, porque el comprador puede terminar respondiendo a algún impuesto que se haya devengado con anterioridad; lo mismo ocurre con la compra de un negocio: cuando se adquiere una actividad económica también se es responsable de las deudas tributarias del anterior propietario. Por otra parte, como a la Administración tributaria le está costando cobrar por la actual coyuntura, dispone de una serie de garantías que le permiten cargar a otro lo que debe el empresario. Entre los que podrían soportar sus deudas estarían los administradores de derecho de la empresa (miembros del consejo de administración) y los de hecho (no están en el consejo, pero tienen capacidad de decisión). Asimismo, existe la posibilidad de que un contratista asuma las deudas tributarias de sus subcontratas.