España vive un momento dulce en los mercados después de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sugiriera el pasado jueves que hay "unanimidad" en la institución para acometer medidas no convencionales de estímulo, como las realizadas por la Reserva Federal estadounidense. La mejora de la percepción de la economía española se plasma en el interés del bono español a diez años con el que se intercambiaba en los mercados secundarios de deuda, donde se situó ayer por debajo del 3,2% por primera vez desde enero de 2005.

De esta manera, la prima de riesgo del bono español a diez años respecto a su homólogo alemán bajaba desde los 161,1 puntos básicos registrados al inicio de la jornada hasta los 157,6 puntos básicos, prácticamente la mitad que hace un año y en mínimos desde 2010. Otro indicador del idilio de los mercados con la deuda española es la rentabilidad del bono español a cinco años, que se situó ayer por primera vez en su historia por debajo del 1,7%, permitiendo a España pagar menos por la deuda con este vencimiento que Estados Unidos.

Al igual que en julio de 2012, cuando España estaba al borde del rescate con la prima de riesgo cerca de los 700 puntos, unas declaraciones de Draghi han servido para satisfacer a los mercados, ya que insinuó que los países del núcleo duro del euro, especialmente Alemania, no se oponen a la compra de deuda. En ese sentido, la autoridad monetaria europea ensaya un programa de estímulo de un billón de euros a razón de inyectar unos 80.000 millones mensuales para combatir la baja inflación, según publicó ayer el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pese al cambio en la percepción de los mercados, el BCE y la Comisión Europea siguen preocupados por el ritmo con el que el Gobierno está implementando reformas estructurales en la economía española. El Ejecutivo comunitario y el BCE critican en particular los retrasos en la aprobación de la ley para liberalizar los servicios profesionales, que según alertan podría no ser suficientemente ambiciosa, y en la puesta en marcha de la nueva autoridad fiscal independiente que debe vigilar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

Por lo que se refiere a la situación de la banca, los inspectores avisan de que el principal problema es "la presión en sus beneficios por la caída de los volúmenes de intermediación y el deterioro que todavía sigue en la calidad de los activos". Por ello, recomiendan una "vigilancia estrecha" y unos niveles "adecuados" de provisiones y colchones de capital. Asimismo, dicen que el banco malo (Sareb) se enfrenta al "importante desafío" de vender su elevada cartera de activos maximizando su valor.

El diagnóstico de Bruselas y del Banco Central es el resultado de la misión conjunta que ambas instituciones enviaron a Madrid entre el 24 y el 28 de marzo y el 3 de abril, la primera visita de vigilancia posterior al rescate. El fondo de rescate (MEDE) también participó en las reuniones porque debe garantizar que España devuelva los 41.300 millones de euros de ayuda a la banca. En la misión ya no participa el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"En conjunto, las tendencias positivas de progreso en políticas, el ajuste económico en marcha y la disminución de la tensión financiera que sirvieron de base para la salida de España del programa (de rescate bancario) han continuado, aunque persisten importantes desafíos para el crecimiento económico y del empleo sostenido, para las finanzas públicas y para el sector bancario", resalta el informe conjunto de las dos instituciones.

"Aunque hay algunos indicios de un impacto positivo sobre el empleo de las reformas que ya se han aplicado, el alcance de los retos pendientes en el mercado laboral y más allá corrobora la necesidad de aplicar plenamente, vigilar de cerca y, cuando sea necesario, reforzar todavía más la agenda de reformas económicas", subrayan los inspectores.

Bruselas y el BCE elogian algunas reformas recientes del Gobierno, como la nueva norma para facilitar la reestructuración de la deuda de las empresas y la introducción de una tarifa plana temporal en la seguridad social, "que podría apoyar un aumento a corto plazo de contratos indefinidos".