El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino estudia con Economía y Hacienda la ejecución de infraestructuras vinculadas a la calidad de las aguas bajo el régimen publico-privado, cuya inversión rondaría los 800 millones de euros. 

"Estamos hablando de una cantidad que podría ser de unos 800 millones de euros, prácticamente todos esos proyectos coinciden con infraestructuras vinculadas a la calidad de las aguas y estamos trabajando de la misma forma que está haciendo Fomento con Economía", afirmó la titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en una entrevista. 

Esta medida iría en línea con el Plan Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, que prevé poner en marcha en los dos próximos años proyectos de carreteras y ferrocarriles por un importe total de unos 17.000 millones de euros, en colaboración con la iniciativa privada.   

Espinosa reconoció que se trata de un tema "complejo", ya que su departamento no tiene competencias en esta materia y sería la primera vez que acometiera este tipo de actuación.

"En nuestro caso es un tema más complejo, porque no son obras en las que actúe el Ministerio, que tiene sus competencias, sino que las hacemos en colaboración con otras administraciones como comunidades autónomas o ayuntamientos que tienen transferidas esas competencias", explicó. 

La ministra insistió en la complejidad de la iniciativa desde el punto de vista jurídico, ya que en este caso su departamento asume competencias que no tiene. 

"El Gobierno está colaborando en esa inversión, no tenemos ni competencias ni responsabilidades", señaló Espinosa, quien agregó que "hay que generar casi una forma de trabajar y unas relaciones jurídicas nuevas", por lo que consideró esencial el apoyo de las comunidades autónomas.   

Esta iniciativa es una de las que desarrollará el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dentro de las medidas del Gobierno para reducir el déficit público. 

Asimismo, según explicó, los recortes dentro de su Departamento de cara a los presupuestos del próximo año afectan prácticamente a todas las partidas, con la única excepción de aquellas que confinancian fondos de la Unión Europea, mayoritariamente dirigidas al desarrollo rural o temas agrícolas, pesqueros o ganaderos. 

La ministra destacó en este sentido el esfuerzo que se está realizando para que los recortes presupuestarios no tengan una influencia directa sobre las actividades. 

"Puedo hablar de un ejemplo concreto (...) si antes se daban subvenciones para determinados estudios, se puede seguir manteniendo esos estudios si todo el mundo hace un esfuerzo de un recorte en sus costes de un 5%, 6% o de un 10% en la medida que sea necesaria", afirmó. 

Además, la ministra aseguró que no se tendrá que rescindir ninguna obra ya adjudicada ni las que estaban en licitación, a pesar de haber disminuido "en una cantidad muy importante" las inversiones que afectan a aguas y costas.   

"Son unos presupuestos austeros, pero acordes con las necesidades del país, y que con un pequeño sacrificio por parte de todos podremos hacer prácticamente lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora", resaltó.