La primera cuestión relevante que puede plantearse es cómo hemos llegado a esta situación. Los datos más recientes muestran incrementos anuales de los precios al consumo de 8,5% en Estados Unidos, 7,5% en la Eurozona, y ocho décimas más en España; son excepcionales los países con tasas inferiores al 5%. Para el área del euro los precios se han mantenido en el entorno del 2% -objetivo del Banco Central Europeo (BCE)- durante más de veinte años. Incluso, tras alguna subida puntual, se entra en un período de deflación con una economía en bajo crecimiento tras la Gran Crisis financiera e inmobiliaria, que lleva al BCE -siguiendo la pauta de otros bancos centrales- a fijar en cero el tipo de interés y cobrar hasta un 0,5 por los depósitos en el Banco. Además, emprende un programa de compras de deuda pública y privada que superan hoy los 8,6 millones de millones de euros. La pandemia y la guerra han llevado también a apoyos públicos enormes para mantener la demanda de consumo, la actividad empresarial y el empleo.

Sin embargo, la competencia en la economía internacional, globalización de los intercambios, economías de escala y eficiencia, formación de precios bajos en el comercio on line, y precios de la energía que revertían a un equilibrio, hacían pensar que pese a las políticas monetaria y fiscal expansiva, los precios se mantendrían estables. Esta situación se quiebra por los impactos externos en la cadena de suministros, caída de producción, y colapso del transporte, debido a la pandemia; contribuye especialmente la drástica respuesta de China con cierre de centros de producción y ciudades enteras, y después la guerra, que incide directamente en la tendencia al alza de los precios de la energía y materias primas. Nos encontramos, pues, en una situación peculiar en que hay una disrupción de algunas actividades productivas y escasez de energía y materias primas, pero, sin embargo, aunque con debilidades se ha mantenido la capacidad de funcionamiento de la empresa, el empleo, y la demanda de consumo, lo que da lugar lógicamente a subidas en los precios.

El segundo enfoque de la situación gira en torno al papel de los bancos centrales. Los bancos centrales no van a revertir de manera brusca sus políticas, desestabilizando los mercados de capitales y creando aún más incertidumbre, pero ante la persistencia de la inflación se están dando subidas sincronizadas de tipos. El BCE, aunque mantendrá los activos comprados en su balance (8,6 millones de millones de euros), frena poco a poco las compras de deuda pública y privada, lo que tendrá un efecto en el coste de financiación. Puede dejar de cobrar por los depósitos, e influir en la elevación del interbancario, y en el caso de España pasaría de estar en negativo (lo cual es anómalo) a positivo, presionando ligeramente al alza en los tipos de referencia hipotecarios, y restando capacidad de consumo. El BCE elevará los tipos de interés este verano, pero estas subidas siempre estarían por debajo de las de los precio -en Estados Unidos se espera que no lleguen al 3% hasta 2023-. Si esto aprecia algo el euro frente al dólar sería un cierto alivio para las importaciones de energía; en cualquier caso, conseguiría una menor demanda de consumo y un cierto equilibrio en los precios. La bajada del precio en los mercados de capitales, inflados por años de políticas de tipos ínfimos, y en cierta medida el inmobiliario, reduciría también la presión de la demanda de consumo asociada con la revalorización de activos. El BCE puede intentar anclar las expectativas de inflación, de manera que las empresas reduciendo márgenes (los arrendadores reduciendo sus expectativas), y los trabajadores no repercutiendo la inflación en costes salariales, evitaran la generalización de las

subidas. La proyección del BCE de precios es de 5,1% para 2022 y estabilidad en 2023 y 2024 en el 2%; más del 50% de la inflación se imputa al impacto externo de la energía, y casi un 15% a la cadena de suministros, que en una situación normal tendría que ajustarse, pero ni el BCE ni nadie puede valorar cómo la guerra y los embargos van a determinar la evolución de ese impacto.

Entramos en la tercera línea de análisis que es el papel de la política pública. Los países del área del euro tienen escasa capacidad para actuar aisladamente, y han de apoyar la política adaptativa del BCE, así como los acuerdos de la Comisión y Parlamento Europeo. Pero soportan protestas y huelgas, que llevan a adoptar medidas como la subvención del precio de los carburantes, cuando la racionalidad económica aconsejaría lo contrario, penalizar, racionar, y reducir el consumo, como forma de obligar a los productores a bajar precios. Igual ocurre con el gas y la luz, donde no se observa un cambio en los hábitos de consumo hacia el ahorro. En países como Japón o Corea del Sur, la inflación está muy contenida, y han respondido a la elevación de precio del petróleo reduciendo el consumo de energía vinculado a los desplazamientos. Ocasionalmente se podría apoyar a sectores productivos donde una parte sustancial del coste medio de producción es la energía; pero es más conveniente financiar, por ejemplo, la renovación de la anticuada flota de transporte (diez años de media más antigua que la europea), que seguir subvencionando el carburante. Igual ocurre con la aceleración de las inversiones en rehabilitación energética de inmuebles. Desde la oferta, aumentar la producción energética exige facilitar la puesta en funcionamiento de los proyectos de energía alternativa, y aquí la responsabilidad de comunidades autónomas y ayuntamientos es crucial, como ha explicado, haciendo propuestas concretas desde su blog, nuestro compañero Alberto Grimaldi. En cuanto a política fiscal el margen de maniobra es escaso, pues los impuestos sobre la energía la encarecen, pero tienen un papel regulador del consumo; y el gasto está sujeto a los compromisos para aprobación de presupuestos, que determina un Parlamento con visiones e intereses muy diversos.

La gestión empresarial de la inflación es el cuarto aspecto en el análisis de la inflación. La toma de decisiones con incertidumbre no es ajena a la empresa, que ha de pensar de forma más compleja que en el efecto de la inflación sobre costes, márgenes y beneficios a corto plazo. La situación es diferente por sectores y empresas, de productos y servicios, en cuanto a impacto y capacidad para absorber costes, según su posicionamiento en el mercado, pero es común la necesidad de diseñar una estrategia para mantener la empresa en cualquier escenario de inflación. Como se observa en el gráfico la disrupción en la cadena de suministros es una cuestión recurrente, y no se había aliviado suficientemente antes de la guerra, a principios de 2022. Siguiendo una idea de la consultora Mckinsey, la empresa puede actuar en diversos frentes. Uno de ellos es en los precios, ajustando descuentos y promociones; no todas las tipologías de productos y clientes sufren el mismo impacto, y es distinto gestionar lo que se denomina “arte y ciencia de cambiar los precios” en las relaciones con minoristas o con otras empresas, aunque siempre hay que tener una visión amplia del cliente que no se limita al precio. La segunda línea es la reducción de costes mediante procesos más eficientes en logística, reduciendo el consumo de energía donde hay margen para algunos sectores como la hostelería, el comercio, o en cualquier tipo de oficina y centros de datos; de otro alcance son las actuaciones sobre embalajes, materiales, e incluso características del producto, promocionando en su caso sustitutos de menor coste. Y, en tercer lugar, hay que tomar decisiones con rapidez, seguir las reacciones de clientes, considerar que hay productos que han mantenido el precio mucho tiempo, y otros que no, por lo que la sensibilidad hacia las subidas puede variar; se necesita construir bases de datos y herramientas de análisis que proporcionen información útil para tomar decisiones sobre precios, dentro de una cultura de empresa sensible a la gestión global del precio.

En suma, reconociendo que la tendencia secular de precios a la baja ha sufrido un cambio radical por la disrupción en el comercio internacional, y caída en la oferta derivada de una guerra que incide en la escasez de materias primas, los bancos centrales inician una política monetaria restrictiva. Las respuestas de los gobiernos se dirigen a mantener la actividad y el empleo, e intentar paliar los efectos de las subidas de precios en productos esenciales, al tiempo que tratan de evitar la extensión de la inflación. Y las empresas revisan sus estrategias de fijación de precios en un contexto donde la incertidumbre hace necesaria una visión compleja de la planificación de productos, costes, y relaciones con proveedores y clientes.