La 'guerra' por los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) entre 2023 y 2027 (y también los de 2021 y 2022) ya ha comenzado y parece que va a ser dura. 

La visita a Sevilla del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, para reunirse con las organizaciones agrarias andaluzas Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias se tradujo en una confrontación de posturas que, de momento, están muy alejadas. 

Antes de la reunión, Miranda confirmó que el Gobierno reducirá la cifra de regiones productivas en las que actualmente se basa para redistribuir una parte de las ayudas procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) y favorecer así una mayor convergencia pese a las críticas.

El Ejecutivo, dice, está abierto a negociar, pero ha insistido en que todas las partes deben "ceder un poco".

Miranda ha explicado que el objetivo de ir a una mayor convergencia pretende evitar "discriminaciones" como las que se dan actualmente entre las ayudas de la PAC que reciben algunos agricultores y otros, en función de criterios que ha considerado injustificados.

"Tenemos un sistema basado en el reparto del pago de la renta básica en función de 50 regiones productivas en España. El siguiente país de Europa que más regiones tiene cuenta con tres", ha señalado.

"España es diferente respecto a otros países, pero no tanto como para justificar unos datos tan alejados. Por eso proponemos simplificar el modelo de regionalización, no queremos hacer una revolución pero sí reducirlo", ha detallado Miranda, quien ha reconocido que la cifra final no está decidida todavía y "forma parte de la negociación".

Las organizaciones agrarias y cooperativas, por su lado, recalcan su negativa a un proceso "no consensuado y acelerado, que ataca directamente a la principal región agraria de España, a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio". Asimismo, lamentan que "no haya sido el propio Luis Planas el encargado de defender sus planteamientos frente a los representantes del sector, a los que tampoco les admitió las alegaciones presentadas el pasado mes de septiembre".

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía insisten en que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para "reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz".

Las asociaciones calculan que la eliminación los derechos históricos, la reducción el número de regiones productoras y el impulso de un modelo de tasa plana se traducirá en la pérdida de alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces. Además, quedarían fuera del sistema entre 54.000 y 120.000 productores andaluces.