La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, calcula que a finales de año el stock de viviendas sin vender se situará por encima de los 650.000 inmuebles, que tardarán entre 1,5 y 2 años en ser absorbidos por el mercado.

La titular de Vivienda, interpelada en la sesión de control al Gobierno del Congreso por el diputado de CiU Pere Macías, indicó que no se puede conocer exactamente el número de viviendas vacías y que hay que tomar con cautela las estadísticas que se publican al respecto.

No obstante, recordó que el Ministerio de Vivienda publicó el pasado 30 de junio una estadística que reflejaba un total de 503.000 viviendas de obra nueva terminadas.

En este sentido, la ministra recordó las actuaciones destinadas a absorber el exceso de vivienda, dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 (PEV), que aprobará con las comunidades autónomas la próxima semana en Barcelona y que explicará Corredor en la Comisión de Vivienda del Congreso el jueves que viene.

En este ámbito, el PEV establece líneas para fomentar las viviendas protegidas en alquiler, en venta, y el acceso a una vivienda a colectivos especiales, así como ayudas a inquilinos o la ayuda directa a la entrada a la compra de una vivienda.

Corredor matizó que estas actuaciones no se limitarán a generar vpo a costa del exceso de obra nueva de los promotores, sino que se pueden reconvertir inmuebles usados del parque existente.

Como medida para reducir el stock, el diputado de CiU planteó que las administraciones compren parte de ese exceso de inmuebles a los promotores, a lo que la ministra respondió que son las empresas las que deben asumir "el sacrificio" y ajustar sus márgenes para vender las viviendas que "inconscientemente han construido por encima de las expectativas".

Macías planteó a la ministra que la Administración General del Estado adquiera 40.000 viviendas, iniciativa que supondría unos 100.000 parados menos y con la que el Estado ingresaría 1.380 millones de euros en sus arcas y las Administraciones Públicas otros 1.200 millones adicionales en impuestos.

Corredor respondió que "si lo que pide es que destinemos a fin+nciar a los promotores los recursos que tenemos para ayudar a los ciudadanos a entrada a la vivienda, debo decirle que no puede contar con nosotros y que creo que está equivocado".

Otro de los problemas con los que se encuentran aquellos que quieren adquirir un inmueble es la falta de liquidez, por lo que la ministra quiso tranquilizar a todas las familias y empresas que no consiguen créditos hipotecarios.

Así, recordó las medidas que adoptó el Gobierno para facilitar la liquidez en los mercados financieros, que primarán los préstamos nuevos concedidos a partir del 7 de octubre.

No obstante, Pere Macías avanzó otra de las medidas que plantea su grupo parlamentario, que consiste en la disposición de una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que financie a los ciudadanos el 20 por ciento del precio de la vivienda que las entidades financieras excluyen en la hipoteca.