Economía

El Gobierno facilita la financiación a las pymes y regula el micromecenazgo

  • La norma aprobada por el Ejecutivo dicta que las entidades de crédito deberán avisar con al menos tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida.

El Gobierno ha establecido un plazo de al menos tres meses para que la banca avise a las pymes sobre un recorte en su financiación de un 35% o más, y ha definido los tipos de inversores -institucionales o minoristas- para proyectos de micromecenazgo o crowdfunding. Estas son dos de las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es mejorar los canales de financiación de las empresas, sobre todo las pymes, ha asegurado el Ejecutivo.

En relación con estas empresas, la norma establece que las entidades de crédito deberán dar preavisos de al menos de tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida -en un 35 % o más-. Además, estas compañías podrán obtener de la entidad crediticia -gratuitamente y en un plazo de diez días- información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia, de acuerdo con la metodología específica para pymes que desarrollará el Banco de España, para que así puedan irse a otra entidad de crédito. Las pymes podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

La citada norma aprobada también distingue dos tipos de inversores -minoristas e institucionales- en proyectos de mecenazgo o crowdfunding. Los primeros podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales, y no más de 3.000 por proyecto; además, tendrán que firmar de su puño y letra su consentimiento, en el que figurará que han sido advertidos de los riesgos. Los más cualificados, sean particulares o empresas, deberán superar un millón de euros de activos, dos millones de euros de cifra de negocio, o 300.000 de recursos propios. También serán inversores cualificados, y no tendrán límite inversor las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros.

Asimismo, se establece un régimen jurídico para las plataformas de internet en este tipo de inversión. La norma garantiza que todos los inversores tengan acceso a toda la información sobre la plataforma de financiación, sobre su promotor, sobre cómo se han obtenido los fondos y sobre todos los riesgos que implica la inversión. Del proyecto de ley, que indica que será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la encargada de la supervisión, quedan excluidos el mecenazgo o la compraventa.

Otro de los aspectos que aborda el Proyecto de Ley Financiera es el techo de capitalización de 500 millones de euros para operar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), límite que servirá para evitar que se repitan casos "como el de Gowex", según ha explicado Luis de Guindos. Se trata de flexibilizar el tránsito desde el MAB al mercado continuo de aquellas compañías "cuyo desarrollo y crecimiento requiere la cotización en este mercado oficial". Así, se elimina por un periodo transitorio de dos años la exigencia de la declaración intermedia de gestión (a mitad de semestre) y se permite que las empresas no presenten el segundo informe semestral, que no es exigible por normativa de la Unión Europea.

El MAB tendrá que informar trimestralmente a la CNMV sobre las actuaciones que está llevando, así como de cualquier incumplimiento legal que pudiera derivarse de la información de los emisores a la que tienen acceso, y no sólo en materia de abuso de mercado. Así lo ha explicado el ministro de Economía, que ha explicado que con la Ley de Auditorías que se aprobará próximamente, el Gobierno logrará adelantarse "a la necesidad de que las empresas que cotizan en el MAB sean auditadas por empresas relevantes o entidades de interés público", una medida que "será muy favorable". La norma, que establece un marco jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito (EFC), a los que se les extienden los baremos de supervisión y solvencia que se aplican a los bancos, refuerza la capacidad de sanción de la CNMV, que publicará la incoación de expedientes si lo considera oportuno y tendrá empleados de incógnito en entidades financieras.

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