La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avisó ayer de que el incumplimiento reiterado de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria no "saldrá gratis" y recordó que las multas pueden llegar a alcanzar el millón de euros. "El incumplimiento no le va a salir gratis a ningún operador de la cadena alimentaria", advirtió la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó dos reales decretos que desarrollan parcialmente la ley de la cadena alimentaria.

De esta forma se completa el desarrollo normativo de la ley, a la que se dota de "todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales de las empresas" que operan en la cadena alimentaria.

Tejerina, subrayó que es la primera vez que se regulan en España y a escala comunitaria las relaciones comerciales de la cadena alimentaria "para acabar con las prácticas comerciales abusivas".

Los reales decretos aprobados ayer establecen así disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, dependientes del Ministerio, y a la modificación del Reglamento de la Ley que regula las organizaciones interprofesionales.

La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en vigor desde hace un año, contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, al tiempo que establece la obligación de contratos por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros.

Las disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria contemplan el desarrollo del Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, en el que se podrán inscribir aquellas empresas que voluntariamente hayan decido adherirse al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Con ello se aumenta el marco de protección de la Ley sobre la cadena alimentaria. Asimismo, se establece como elemento clave la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación, cuando no hubiera acuerdo en la fijación del precio en los contratos correspondientes a la primera venta de productos agrarios no transformados. Además, se incluyen como condiciones que una de las partes de dicho contrato sea una organización de productores, y que ambas partes intervinientes estén adheridos al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.

Para mantener la vigencia de la ley en el tiempo, se prevé un sistema de evaluación de sus resultados a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Los reales decretos determinan su funcionamiento y composición, incluyendo en su estructura a representantes de las organizaciones y asociaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor final, y a la propia administración. De este modo, el Observatorio se constituye como un instrumento que permite identificar líneas de mejora y actualización.