Tres días después de que el Gobierno presentase su iniciativa para reformar las pensiones, a la que se oponen los sindicatos y los partidos políticos, la ministra de Economía, Elena Salgado, insistió ayer en que la propuesta está abierta y que el objetivo es alcanzar el mayor consenso posible. Salgado dijo que la propuesta puede ser "matizada" en la comisión no permanente del Pacto de Toledo y que el Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo.

"Es una propuesta abierta, lo ha sido desde el principio", insistió Salgado, que citó entre los aspectos "abiertos" a la negociación el que puedan establecerse excepciones para trabajos de mayor penosidad o menos sedentarios. También se podrá discutir la "gradualidad" a la hora de aplicar el incremento en la edad de retiro.

La vicepresidenta económica dejó claro que la subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67, de aplicarse, no afectará a los pensionistas actuales ni tampoco a los de los próximos años, puesto que el primer año propuesto para que comience a aplicarse es 2013. En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló que la propuesta "no tendría sentido como algo inmediato, cuando el mercado está destruyendo puestos de trabajo" y que entraría en vigor dentro de tres o cuatro años.

Corbacho defendió que el Gobierno ha sido "valiente" en su propuesta de elevar la edad de jubilación, ya que se trata de una medida "poco cómoda" e "impopular", cuando hasta el año 2023 no se prevén problemas para la Seguridad Social. "Si no tienes problemas hoy con la Seguridad Social, si puedes pagar las pensiones, si tienes superávit después de pagarlo todo y si además tienes un buen Fondo de Reserva, lo más cómodo es no anticiparse a hacer planteamientos que popularmente no serán bien recibidos. Pero los gobiernos están para tomar medidas y adelantarse al futuro", explicó. En todo caso, quiso matizar que "seguramente", subir la edad de jubilación no será algo "universal", es decir, que no se aplicará en todos los sectores económicos y todos los trabajos.

Sea como fuere, la iniciativa ha caído como un jarro de agua fría entre políticos y sindicatos, y las protestas van in crescendo. Sin ir más lejos, ayer mismo CCOO anunció que celebrará este jueves una asamblea de delegados que servirá como "pistoletazo de salida" a una "gran campaña" contra la propuesta del Gobierno, que podría incluir la convocatoria de movilizaciones; y el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, indicó que si los sindicatos convocan una huelga general tendrán el apoyo de su partido.

La propuesta del Ejecutivo está levantando ampollas. Para el responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, tanto el retraso de la edad de jubilación como que se amplíe el periodo de cálculo de los 15 años pueden desincentivar las cotizaciones porque ambas medidas son "muy agresivas". Además, mostró su "máxima preocupación" por la forma en que está irrumpiendo el Gobierno en el debate, sobre todo, ahora que el diálogo social bipartito (entre sindicatos y patronal) está funcionando mejor que en los últimos 15 meses.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró que, en función de lo que han dicho los grupos políticos hasta el momento, no cree que se logre el consenso necesario y auguró que si, finalmente sale adelante con un acuerdo minoritario, "tendríamos problemas". Como alternativa, abogó por aproximar la jubilación real a la edad legal y mantener los incentivos para el alargamiento voluntario de la vida laboral.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que "está agotado" el proyecto de Zapatero, a quien acusó de haber "improvisado" una reforma de las pensiones, en lugar de someterla al debate del Pacto de Toledo. El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó sus dudas de que la propuesta del Ejecutivo responda sólo a una cuestión demográfica y no sea consecuencia del "gravísimo riesgo" en que se encuentra la economía española.

En Andalucía, los sindicatos también sacan las uñas. Francisco Carbonero, secretario general de COO-A sentenció que combatirán "cualquier reforma impuesta que no parta del diálogo social", mientras que su homólogo en UGT-A, Manuel Pastrana, indicó que es obligación del Gobierno "buscar una salida razonable a la situación de malestar que ha provocado".