El Gobierno estudia recortar el plantel de bienes y servicios gravados actualmente con los tipos reducidos del IVA y pasarlos al tipo general del 21%. Ésta es una de las medidas que sopesa el comité de expertos encargado de elaborar un informe sobre la reforma tributaria por encargo del Ejecutivo. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, insistió ayer en que la decisión definitiva no se adoptará hasta que el Gobierno tenga sobre la mesa el estudio, que debe ser entregado antes del próximo 28 de febrero. Durante su intervención en el Foro Joly Andalucía, celebrado en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla con el patrocinio de Altadis, Miguel Ferre recordó que "buena parte de los tipos reducidos se refieren a artículos vinculados a sectores muy importantes de este país, como la hostelería, por lo que cualquier modificación tiene que tener en cuenta la situación económica y causar el menor daño posible".

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy fue imponer un gravamen complementario sobre el IRPF, medida que fue acompañada posteriormente por un incremento de los tipos general y reducido del IVA o la modificación del impuesto de sociedades, entre otras medidas. Sin embargo, aún está por ejecutar una revisión profunda del sistema tributario, que constituye una de las principales reformas estructurales que Bruselas demanda a España.

El secretario de Estado de Hacienda, quien fue presentado por el alcalde de Sevilla y presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, se escudó en varias ocasiones en que el informe del comité de expertos todavía no ha sido entregado para no entrar al detalle de la reforma fiscal. Sin embargo, admitió que la recaudación del IVA en España se sitúa en torno al 5,5% del Producto Interior Bruto (PIB), "mientras que en nuestro entorno se encuentra en unas cifras algo más altas, en torno al 6%". La línea roja que se marca el Gobierno es que la nueva tributación no ahogue la incipiente recuperación de la demanda interna. Junto con el impulso de las exportaciones, la mejora del consumo es la baza del Ejecutivo para revisar al alza su cuadro de previsiones macroeconómicas.

"El IVA ya ha subido de forma importante en esta legislatura, por lo que hay que analizar cuidadosamente las ventajas y desventajas de cualquier modificación del impuesto", aseguró Ferre, que descartó elevar el tipo general del 21% al 23% al ser interpelado concretamente sobre esta posibilidad por uno de los asistentes al acto. "No tiene sentido incrementar los tipos cuando va a ser contraproducente con la recuperación", apuntó.

El número dos del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro avanzó que el estímulo de la demanda interna es el primer objetivo de la reforma tributaria. Miguel Ferre se refirió en varias ocasiones a que el nuevo sistema busca una "transferencia de rentas" a los consumidores. En ese sentido, confirmó la desaparición del gravamen transitorio sobre el IRPF introducido por el Ejecutivo a finales de 2011. "Y a partir de ahí, queremos ser lo más ambiciosos posible", aseguró el secretario de Estado de Hacienda.

La segunda línea maestra de la reforma tributaria apunta hacia una mejora del tratamiento fiscal de las familias, con el objetivo de paliar el envejecimiento de la población. Miguel Ferre abundó en la necesidad de que las circunstancias familiares, como el número de hijos, "tengan un tratamiento fiscal mejorado para ayudar a la gestión de la estructura demográfica". "Queremos dar apoyo a la vida familiar y que quien tenga varios hijos vea compensado ese esfuerzo con algún tipo de figura fiscal", manifestó el secretario de Estado de Hacienda.

Ferre recordó las medidas puestas en marcha por Hacienda para estimular el emprendimiento, como la Ley de Emprendedores. Así, recordó que se ha prorrogado durante tres meses más el régimen del IVA de caja para que más empresas se puedan acoger a esta disposición, que permite a las pymes y autónomos no tener que adelantar el IVA de las facturas no cobradas. Además, avanzó que se acometerá una campaña de difusión en todas las provincias andaluzas para explicar las obligaciones formales del nuevo sistema.

En el turno de preguntas, Ferre avanzó que la reforma fiscal también afectará al impuesto de sociedades, que ya fue objeto de una reciente modificación. El secretario de Estado de Hacienda aseguró que no afectará a la competitividad de las empresas, y que el objetivo es que "situarlo en la media de los países del entorno".