La guerra es ya indisimulada. Iberia y los pilotos entrecruzaron ayer sendas iniciativas jurídicas para aclarar los términos de un enfrentamiento tan viejo como cíclico. La aerolínea dio el paso previo a la vía judicial al presentar ante el Servicio de Mediación de la Dirección General de Trabajo un escrito en el que reclama 13,1 millones de euros al Sepla por los continuos retrasos y cancelaciones sufridos -469 vuelos anulados y otros 152 subcontratados, según sus cálculos-. El sindicato contraatacó con una demanda por injurias y calumnias contra tres directivos ante la "campaña de descrédito orquestada" desde la empresa.

El trasfondo del conflicto es la negociación del convenio colectivo, asignatura pendiente desde 2000. Iberia basa su línea de ataque en una circular del 26 de noviembre en la que la sección sindical del Sepla incluye un oscuro punto de debate: "Medidas a tomar". La aerolínea solicitaba el 23 de diciembre ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el acceso al contenido de las actas levantadas en las asambleas del 4 y el 12 de ese mismo mes, en las que efectivamente debió tratarse el mencionado punto del orden del día. Aún no están en su poder.

Varios datos demostrarían que en esas reuniones se habría acordado el inicio de una huelga de celo. Por ejemplo, el índice de puntualidad de la compañía, que cayó en diciembre al 60,9% cuando el porcentaje hace un año rozaba el 80%. En la cuantificación de los daños sufridos, Iberia incluye seis millones en concepto de publicidad; 1,2 por la necesidad de reforzar la plantilla; la misma cifra por alquilar aviones; 1,6 millones por el coste de las escalas nacionales obligadas y casi otro millón por los viajes cancelados (lucro cesante).

Iberia recuerda en su escrito que las huelgas de celo o reglamento "tienen la condición de ilícitas y abusivas por presunción legal" y añade que ya expuso a los pilotos su tesis: "Las anomalías que se están produciendo en la operación aérea responden a una actividad concertada, y por tanto sindical, que está provocando retrasos y cancelaciones de vuelos, y desorganización de las actividades, con los consiguientes perjuicios para los clientes del servicio. Y ello, sin declarar una huelga, sin respetar los trámites del conflicto y sin actuar con la necesaria transparencia y buena fe".