Los bajos precios del aceite de oliva siguen preocupando al sector, que ya ha solicitado de nuevo que España pida ante la UE la activación del mecanismo del almacenamiento privado. En la presentación del balance del año, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, anunció ayer un compás de espera hasta finales de febrero antes de iniciar ningún movimiento en tal sentido. En principio, está de acuerdo con el almacenamiento, pero prefiere esperar a ver cómo evolucionan los precios.

La consejera insistió, de todas formas, en que ésta es sólo una solución a corto plazo y en que el problema estructural es la atomización de la oferta frente a la concentración de la distribución. Pero apuntó una causa más, en este caso coyuntural: la crisis de SOS. En las reuniones que ha mantenido con sus máximos directivos ha constatado un hecho que está haciendo bastante daño al sector. "SOS está comprando muy poco con respecto a otros años; de las dos fábricas que tienen en Italia, una está cerrada y la otra no está al 100%", afirmó ayer la consejera de Agricultura. La crisis de la compañía, con 1.200 millones de deuda que debe refinanciar, es uno de los motivos de que el mercado se haya movido tan poco. Hay que tener presente que SOS vende el 22% del aceite de oliva del mundo y Andalucía produce el 60%. Fuentes sindicales del sector agroalimentario señalaron, por su lado, que las fábricas andaluzas de Alcolea y Andújar están funcionando con normalidad.

La crisis del olivar, más acentuada que en otras actividades, ha sido una de las causas de que la renta agraria en Andalucía, según los datos de la Consejería de Agricultura, cayera un 3,3% en 2009, un dato mejor que el descenso en España (5,3%) y en la UE (12,2%). Sólo la producción de aceite de oliva representa un 26% de la bajada de la renta, que queda fijada en 8.562 millones. El valor de la producción cayó un 7,1%, hasta alcanzar los 9.653 millones de euros.

En su comparecencia, la consejera anunció que en los próximos días el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley del olivar, y analizará un documento en el que se fijará la posición andaluza sobre la nueva PAC. Aguilera apuesta por el "rediseño de los instrumentos de mercado" y por "revisar algunas cosas en materia de competencia", sin aclarar cuáles. También se refirió a las políticas que desarrolla la Consejería: por ejemplo, los 120 millones destinados a financiar inversiones de las pymes han sido ampliados ahora también a capital circulante. Y abogó por articular "una fórmula" para financiar sectores más sensibles. "Al porcino las entidades financieras ni quieren dar dinero ni avalar, lo consideran un sector de riesgo como la construcción", afirmó.

El recorte anunciado para el Ministerio de Medio Ambiente, de 502 millones, es visto con cierto temor, dados los numerosos proyectos cofinanciados. "Repercusión va a haber, pero vamos a procurar que nos toque poco", dijo Aguilera, que se refirió especialmente a fondos estructurales ligados a la cuenca del Guadalquivir, como la modernización de regadíos o el proyecto para llevar agua al arrozal.