El Gobierno actual comparte con el anterior una doble obsesión: el déficit y el paro. Son, con permiso de la menos vergonzante prima de riesgo, cuyo porvenir puede siempre asociarse al insondable efecto especulativo, los marcadores de salud más valorados y también los más visibles. Sus destinos, además, están conectados. Una lucha obsesiva contra el déficit público -y la actual lo es- encierra la obviedad de cuadrar ingresos y gastos. Las opciones para lograrlo son conocidas por universalmente aplicadas en toda Europa y, especialmente, en los países más ruinosos -Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y ahora España-: austeridad e impuestos. La receta es discutible. La austeridad implica renunciar al brazo inversor de lo público y, por lo tanto, a la creación de empleo a través de, por ejemplo, ambiciosos (y racionales) proyectos de infraestructuras. Las subidas de impuestos amplifican la desconfianza y el conservadurismo económico. Salvo que el Tribunal Constitucional lo remedie -ya lo hizo en 1997 al concluir que endurecer el IRPF por decreto ley no procede-, casi todos los trabajadores (y digo casi porque sería hermoso creer que algún español de a pie ganará más en 2012) cobrarán menos que en 2011. Pende también sobre nuestras cabezas la amenaza damocliana de un alza del IVA en marzo o mañana mismo. Recetas contra el consumo que se suman a la escasez del crédito, los insuficientes incentivos al emprendedor y una burocracia de tomo y plomo.

Sin intuir siquiera el grosor del cordón umbilical déficit-desempleo, el Gobierno actual y el anterior comparten otra cuestionable baraja de creencias: la que otorga poderes mágicos a la reforma laboral como herramienta de rescate; la que incide antes en el coste del despido que en el premio a la contratación; o la que insiste en respetar un esquema basado en el desmedido protagonismo de sindicatos y patronal. No conviene confundir a la CEOE con los empresarios ni a UGT y CCOO con los trabajadores. Unas realidades son sólo institucionales; las otras de carne y hueso.

De Guindos, Montoro y Báñez deberían leer más a Keynes (y a Krugman) y escuchar menos a Merkel. El primer objetivo si de verdad se quiere reducir el paro es fomentar la iniciativa del pequeño empresario, del debutante, del licenciado talentoso, del autónomo. Se trata de ventilar la universidad para que el pensamiento número uno del recién salido no sea buscar cobijo por cuenta ajena sino sustento por esfuerzo propio. La banca será necesaria para ello. Ya es hora de que devuelva a la sociedad parte de lo que le debe como motor dinamizador. La carta de presentación de Rajoy -más presión fiscal, tijeretazos masivos- demuestra una preocupante falta de imaginación. Tiene tiempo (cuatro años) para rectificar.