El PSOE ha alcanzado un acuerdo ampliamente mayoritario en el Congreso para ampliar la ayuda de los 420 euros a los parados que hayan perdido la prestación por desempleo, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Se suprimirá la condición de que si el paro baja del 17% se elimina la medida. La ampliación de los 420 euros beneficiará a unos 700.000 trabajadores en total y costará unos 700 millones más. La ministra de Economía, Elena Salgado reconoce que extender la medida provocará un aumento del déficit.

El PSOE ha alcanzado un principio de acuerdo con ERC-IU-ICV y otros grupos parlamentarios del Congreso para ampliar la cobertura de la ayuda de 420 euros para parados sin subsidios con el fin de recoger también a quienes se encuentran en esa situación desde el 1 de enero de este año.

Cuando el Gobierno aprobó el decreto ley, el pasado 13 de agosto, esta ayuda se establecía para los parados que estuvieran sin subsidio desde el 1 de agosto de este año. Sindicatos y fuerzas políticas de la oposición vieron insuficiente esa previsión de cobertura y el pasado lunes el ministro de Trabajo ofreció a los sindicatos situar ese umbral en el 1 de junio. Este cambio tampoco gustó a la oposición, con lo que ayer, cuando el debate y votación de la convalidación o derogación del decreto ley quedó fijado para el día 17, el Gobierno no tenía aún garantizado suficiente respaldo en el Congreso. 

El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, anunció que el PSOE tenía margen de maniobra para extender en el tiempo la cobertura de las ayudas. A partir de ahí se iniciaron las conversaciones que anoche se intensificaron hasta que finalmente el PSOE accedió a ofrecer la ampliación de la cobertura para recoger a los parados sin subsidio desde el 1 de enero de este año, como venían pidiendo sindicatos y oposición desde el primer momento. 

La oferta fue aceptada por el grupo parlamentario que comparten ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya (ICV), que cuenta con cinco diputados, pero también tiene el visto bueno del BNG y Nafarroa Bai, ambos en el Grupo Mixto. Los socialistas esperan sumar esta mañana otros grupos parlamentarios. 

Los firmantes dan por hecho que el decreto ley se tramitará como proyecto de ley en las Cortes, lo que permitirá su modificación parcial. En ese contexto, se pretende eliminar el artículo que condiciona el mantenimiento de estas ayudas a la existencia de una tasa de paro del 17%. Las formaciones políticas quieren que el Gobierno, cumplidos los primeros seis meses de la entrada en vigor de las ayudas, se comprometa a estudiar su renovación.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, explicó que la ampliación de la ayuda desde el 1 de enero afectará a 250.000 o 300.000 trabajadores más y costará unos 700 millones adicionales. Así lo adelantó Rojo a los periodistas tras la rueda de prensa para valorar el dato de paro del mes de agosto, donde no quiso confirmar la ampliación de la ayuda, pero sí aseguró que era una de las posibilidades que barajaba el Ejecutivo.

Rojo recordó que cada mes que se amplíe la retroactividad de la medida tiene un coste de 100 millones de euros, por lo que a los 642 millones de euros iniciales que calculaba el Ejecutivo (aplicando la ayuda desde el 1 de agosto) hay que añadir ahora los 700 millones correspondientes al periodo enero-julio, lo que arroja un total de 1.342 millones de euros. 

La nueva cantidad, según la secretaria general de Empleo, obligará al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a realizar algunas modificaciones en el techo presupuestario que el Gobierno salvó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio y que servirá de base para elaborar los Presupuestos del año que viene.

En cuanto a los beneficiarios potenciales de la ayuda de 420 euros, Rojo adelantó que la ampliación de la retroactividad al 1 de enero supondría ampliar esta cifra en 250.000 o 300.000 desempleados, lo que, unido a los 340.000 que preveía inicialmente el Gobierno, hace que la cifra final roce los 700.000 beneficiarios.

La secretaria general de Empleo recordó que el Gobierno ha demostrado en más de una ocasión que estaba abierto a la posibilidad de adoptar ciertas modificaciones en esta medida y aseguró que los cambios no prolongarán la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

Durante la rueda de prensa, Rojo aseguró que se trata de una medida ampliamente elaborada y debatida, que tiene un carácter solidario y que es "singular" porque combina políticas activas y pasivas de empleo sin modificar el sistema actual y sin sustituir a la protección social. Recordó además que el principal requisito para acceder a esta ayuda es tener voluntad de reinserción en el mercado laboral y que además hay que haber agotado todas las prestaciones sociales y contar con rentas que no superen el 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Preguntada por la posibilidad de que los desempleados que se acojan a este nuevo programa del Gobierno salgan de las listas del paro, Rojo aseguró que el Gobierno no hará ninguna modificación en los sistemas estadísticos y que se remitirá a la norma correspondiente, por lo que dichos parados seguirán en las listas de desempleo a no ser que realicen cursos de un número de horas determinado. "Tendrán el mismo tratamiento que antes", aclaró.   

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, advirtió que conceder esas ayudas mensuales de 420 euros a todos los parados que se quedaron sin prestación desde el 1 de enero, como piden el resto de grupos, provocará un aumento del déficit. Ampliar las ayudas "significa detraer recursos de otras alternativas o incrementar nuestro déficit", indicó Salgado. "En una unión monetaria, el dinero no se puede crear si no es con incremento de déficit", subrayó al ser preguntada por si fijar la fecha el 1 de enero, en lugar del 1 de agosto que contempla actualmente la norma, es asumible desde el punto de vista presupuestario.

"Lo que estamos tratando es de construir un acuerdo que sea razonable sobre una medida que en si misma es positiva", prosiguió la vicepresidenta, que recordó que "es la primera vez que en España se toma una medida de este tipo".

"Es una medida positiva, es una medida que tiene coste, que por supuesto hay que contemplar en la situación de nuestras finanzas públicas. Y en este sentido, desde el ministerio de Economía y Hacienda hemos hecho los cálculos y lo que esperamos es que haya un gran acuerdo alrededor de este tema", dijo Salgado en declaraciones a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la UE.