Dar confianza a los ahorradores e inversores y fomentar la financiación a empresas y particulares. Éstos son, según el Gobierno, los objetivos de las dos medidas anunciadas esta semana y aprobadas por el Consejo de Ministros: el aumento de la cobertura de los depósitos de 20.000 a los 100.000 euros por titular y cuenta (efectivo desde hoy) y la creación del fondo para la compra de activos financieros a los bancos y cajas con una dotación de 30.000 millones de euros ampliables a 50.000 millones con el que se pretende que las entidades vuelvan a abrir el grifo del crédito a empresas y familias.

Preguntado sobre qué harán los bancos y cajas con esos fondos, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, admitió que no hay manera de garantizar que destinen esa liquidez a la concesión de créditos, aunque "lo lógico es que no se metan en hipotecas". En todo caso, matizó que no es "labor del Gobierno sustituir a los bancos para decir cómo deben manejar sus carteras".

El Fondo para la Adquisición de Activos Financieros no tendrá coste alguno para el ciudadano, porque, según afirmó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, "el Gobierno ni presta, ni regala. El Gobierno invierte con máxima garantía de recuperación". La clave está en que no se comprará ningún activo cuya rentabilidad sea inferior al precio de emisión de la deuda y a los costes de operación.

Para ponerlo en marcha, el Tesoro emitirá deuda por importe de 30.000 millones ampliables a 50.000 y destinará ese dinero a comprar a los bancos y cajas que así lo quieran activos de máxima calidad, con la recomendación triple A, la máxima, con el convecimiento de que las entidades usarán esos recursos para dar nuevos créditos a empresas y particulares, pero sólo con el convencimiento, porque no se puede garantizar que sea así y no destinen ese dinero, por ejemplo, a amortizar deuda.

Solbes, quien insisitió en que el Fondo será temporal y se extinguirá cuando las condiciones del mercado se normalicen, anunció que comenzará a operar en el último trimestre de este año, para lo que se aprueba en ejercicio un crédito extraordinario por importe de 10.000 millones de euros ampliables a 30.000 millones.

El principal mecanismo para la compra de activos será la subasta. El Estado comprará los que presenten la mejor rentabilidad y establecerá mecanismos para impedir que las entidades más fuertes se queden con todo el pastel. Solbes, quien afirmó que no hay posibilidad de ampliar el fondo más allá de los 50.000 millones, afirmó que no se contempla la recompra de activos de los bancos. El Estado los mantendrá en su poder hasta que el mercado se normalice y entonces podrá venderlos. "No vamos a dar ese dinero para que se lo gasten y no nos lo devuelvan", afirmó.